Para que el campo mexicano pueda modernizarse y ocupar un mejor lugar y dejar de ser el número 79 de una lista de 141 países clasificados en el Ranking Global de Innovación por su capacidad, las reformas estructurales del campo deben impulsar su desarrollo, e incluir mayor incremento en el presupuesto al sector, crear un banco nacional de alimentos,
brindar asesoría a campesinos de tierras rentables para producción energético y controlar el uso de transgénicos.
Además de simplificar las reglas de operación y desburocratizar al agro, ya que actualmente se exigen muchos requisitos a los campesinos para acceder a los recursos. Esto implicaría una redistribución del gasto, debido a que la mayoría de los montos son destinados a los grandes productores.
Los campesinos también requieren establecer nichos de participación del Estado mexicano en el financiamiento a los proyectos de los trabajadores agrícolas, de hasta un 90 por ciento para los más pobres, y de 80 a 50 por ciento a otros solicitantes, dependiendo de sus capacidades económicas.
Estas iniciativas, se enmarcan en la propuesta “Hacia un Campo Mexicano Autosuficiente, Sustentable, Justo, Solidario y Competitivo”, que serán enviadas al Ejecutivo federal para ser consideradas en su iniciativa de Reforma para la Transformación del Campo, anunció la presidenta del mencionado órgano legislativo, diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (PRD).
En la presentación de los ejes que conforman dicha propuesta, los integrantes de la comisión coincidieron en que el impulso del país se dará en la medida de que todos los sectores productivos se desarrollen de la misma manera. “Tan importante es el rubro agropecuario como el industrial y el de servicios”, manifestaron.
Destacaron que una de las propuestas más importante es el de incrementar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) dirigido al campo, ya que este aumentó sólo 7.9, “menos del aumento del PEF en general en este año, que fue de 12.9 por ciento”.
También se promoverá eliminar el criterio de Buró de Crédito como requisito para acceder a los programas del campo, y establecer la posibilidad de que los aportes del usuario sean en parte solventados por la Banca de Desarrollo.
Se impulsarán los contratos de compraventa a futuro de bienes agropecuarios y pesqueros con instituciones encargadas de asegurar el derecho a la alimentación (Sedesol, SEP y DIF, entre otros), los cuales se basarán en pagos del 50 por ciento de anticipo y el resto contra la entrega de la producción.
Por otra parte, proponen incluir en las leyes de Desarrollo Rural Sustentable y de Economía, prohibiciones y penalizaciones a la importación de alimentos en temporada de cosecha, dado el impacto que ésto significa en el bolsillo de más de 50 millones de mexicanos.
SE CREARA EL BANCO NACIONAL DE ALIMENTOS
La Comisión de Reforma Agraria también pondrá en la mesa de debate la creación de la Reserva o Banco Nacional de Alimentos, como institución de control de los precios, que compraría los excedentes y coordinaría la venta cuando haya escasez.
Se planteará en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y en la Carta Magna que sólo el Estado mexicano, a través de instituciones de educación e investigación, podrá producir semilla mejorada transgénicamente.
De este punto, el documento subraya que más allá de los debates éticos, la utilización de estos bienes con patente de marca, compromete la soberanía y la seguridad del país “al encadenar la producción a un actor que puede tener intereses diferentes a los de la nación”.
En el afán de impulsar la propiedad social de los ejidatarios y las organizaciones campesinas, los diputados de la comisión promoverán el establecimiento del Programa Nacional de Desarrollo de la Agricultura de Baja Escala, que se basará en la producción de alimentos orgánicos, de alta intensidad y de agricultura protegida.
También, el Programa Nacional de Extensionistas Rurales, dirigido al minifundio, donde cada ejido cuente con un técnico responsable pagado por el Estado. “Con tres mil extensionistas, se podría dar atención a todos los ejidos del país, a razón de un técnico por cada 10 ejidos”, precisa la propuesta.
Asimismo, coincidieron en que el Estado debe ser responsable de proveer y producir los fertilizantes al igual que con las semillas. “Comprometer la proveeduría de los agroquímicos, es comprometer la soberanía nacional”.
Por otra parte, los integrantes de la comisión se pronunciaron por asesorar a los campesinos en caso de uso temporal de suelo, como lo precisa la reforma energética, para negociar los contratos, velar porque se cumplan y favorecer su economía.
Sostuvieron que el campo ha financiado tales sectores, por lo que se requiere que éstos devuelvan el apoyo histórico recibido. Por otra parte, “en México los protagonistas del agro saben cuáles son los problemas y soluciones; sin embargo, no se les ha hecho caso. Lo que ha faltado es voluntad política”, afirmaron.
Mota Ocampo, legisladora por Morelos, detalló que la propuesta del órgano legislativo que preside se generó durante varios meses de trabajo y gracias a los aportes de foros, mesas de debate y actividades similares.
“No es una propuesta construida solamente desde el escritorio, sino que tiene los puntos de vista de las organizaciones, los sistemas productivos y de la academia. Esta última, sin duda, es la que tiene que estar por delante para crear la iniciativa de transformación para el campo”, señaló.
CUADRO
-México ocupa el lugar número 79 de una lista de 141 países clasificados en el Ranking Global de Innovación
-El Ranking fue elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la ONU y la escuela de negocios INSEAD con sede en Francia.
-Dicha clasificación agrupa a los 141 países en tres categorías
-La tercer categoría agrupa a los de ‘Bajo desempeño’. México se ubica en esa última categoría.
-En ciencia y tecnología del campo solo se destina 0.4 por ciento del PIB