En caso de comprobarse que se trasgredió la normatividad en el derrame tóxico en el Río Sonora, se exigirá la cancelación de la concesión de explotación a la empresa minera, porque el derrame de sulfato de cobre afectó a siete poblaciones del estado de Sonora, en “comunidades, actividades agrícolas y ganaderas, y sobre todo elementos fundamentales para la vida humana,
como es el consumo de agua”.
Al informar lo anterior, el presidente de la comisión especial creada en la Cámara de Diputados para investigar ese caso, Marco Antonio Bernal Gutiérrez (Partido de la Revolución Institucional), señaló que se analizarán con detenimiento los estudios que se realicen por parte de las dependencias federales encargadas para determinar las responsabilidades en el derrame, ocurrido el pasado 6 de agosto, por partede la minera Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., de Grupo México, indicó.
Insistió que: “Si se confirma que se trasgredió la normatividad, se exigirá a la Secretaría de Economía la cancelación de la concesión otorgada para la explotación de la mina”.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó el pasado 22 de agosto crear esta instancia legislativa, luego de que, dos días antes, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo en este sentido.
La comisión especial tiene previstas reuniones de trabajo con funcionarios de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía, así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del gobierno del estado de Sonora.
También solicitará informes específicos sobre visitas de inspección, monto de los daños, gastos de las dependencias que intervinieron en el control de la emergencia, actualización del dictamen que establecerá sanciones a las que será sujeto Grupo México, restauración ecológica y acciones del gobierno del estado de Sonora, entre otros.
Durante el primer día de actividades, el presidente de la comisión especial detalló que los legisladores centrarán su atención en “temas medulares”, como el análisis de la suspensión de la mina operada por Grupo México, hasta que no se evalúen los daños y se garantice el resarcimiento de las afectaciones y la indemnización a la población afectada.
También evaluará que los órganos de regulación del Estado mexicano cuenten con los instrumentos necesarios en el conocimiento del problema, se garantice que se resarzan los daños a la población, y se aseguren las sanciones correspondientes a la empresa minera.
“Lo que está en juego, a consideración de esta comisión, son las capacidades reguladoras y sancionadoras del Estado mexicano, y esta Cámara de Diputados está obligada a ponderar las herramientas jurídicas con las que se cuenta”, aclaró Bernal Gutiérrez.
Finalmente, dijo que “en otros países (como Estados Unidos y Canadá) las multas son altísimas, si nosotros creemos que la multa que se ha anunciado de 40 millones (de pesos) nos parece muy poco por el daño que se ha causado, entonces tenemos que endurecer la ley.