La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) alcanzó hoy un acuerdo con autoridades federales de Estados Unidos para un posible regreso de deportados que fueron engañados o intimidados por agentes de migración.
El acuerdo fue alcanzado en San Diego, tras una demanda de la ACLU para que los agentes de migración modifiquen sus procedimientos y eviten violentar los derechos civiles de los detenidos.
Estos procedimientos cancelarán a partir de ahora tácticas engañosas que acostumbraban usar los agentes de migración, con las que forzaban a los detenidos a firmar su deportación voluntaria, aunque tuvieran derecho a una audiencia con un juez de migración.
El acuerdo dado a conocer este miércoles fue alcanzado por la ACLU, organización no lucrativa de carácter nacional defensora de derechos civiles, y funcionarios del Departamento de Seguridad Interna (DHS).
La demanda federal colectiva fue presentada por la ACLU en Los Ángeles, a nombre de nueve ciudadanos mexicanos y tres organizaciones, en junio de 2013.
La organización aseguró que funcionarios de Aduanas, Protección de Fronteras e Inmigración, y Control de Aduanas usaron la intimidación, las amenazas y la desinformación para manipular a los inmigrantes indocumentados y que aceptaran la deportación voluntaria.
Muchos deportados eran residentes de California desde hace mucho tiempo, no tenían antecedentes penales graves y no sabían que podían impugnar su deportación en el tribunal.
La organización acusó a los funcionarios de intimidar a inmigrantes mexicanos de que podría encarar meses en cárcel mientras sus casos eran procesados, y que podrían resolver la situación si optaban por irse a México.
“Este es un acuerdo histórico que pondrá fin a una práctica que separa a las familias”, dijo Norma Chávez Peterson, directora de la ACLU de San Diego e Imperial, mientras que los funcionarios del DHS negaron haber cometido algo indebido.
En virtud del acuerdo, a partir de ahora, los agentes no podrán utilizar amenazas o presión, informarán a las personas de su derecho a audiencia y darán acceso a una lista de proveedores de servicios legales gratuitos.
Asimismo, el acuerdo obliga a Estados Unidos a informar, a través de los medios de comunicación mexicanos, a los deportados de su oportunidad de regresar si formaron parte de la demanda.