En respuesta a las críticas del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, en contra de los trabajos del gobierno federal por evitar el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de sodio en los ríos Sonora y Bacanuchi, el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, y el Procurador del Ambiente (Profepa), Guillermo
Haro, aseguraron que la federación actuó con responsabilidad en todo momento.
Para demostrar que el edil panista “está equivocado”, el responsable de la Profepa enunció las acciones que ha realizado junto a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para sanear los cuerpos de agua y castigar a Grupo México, responsable de la mina clausurando temporalmente sus instalaciones.
Remarcó que, desde el 4 de agosto, la dependencia federal recibió nueve denuncias relacionadas con la contaminación de los ríos, donde las autoridades informaron de la muerte de peces, animales, polvos, malos olores e intoxicación de la población que vive en sus riberas que asciende a más de 20 mil personas.
Destacó que desde un inicio la Profepa sabía la causa que produjo el desafortunado derrame, afirmando que se debió a una obra en construcción que se realizaba en la mina sin “operar completamente”, afirmando que los tubos instalados para controlar el paso de la sustancia nunca funcionaron, propiciando el desastre.
“La responsabilidad del derrame es de las autoridades de la mina y de la empresa contratista que pretendía ampliar la mina que actualmente tiene una superficie de 3 mil 600 Conagua y no del gobierno federal”, abundó.
Indicó que la ampliación de la mina fue autorizada en el 2012 y que, un año después, iniciaron las obras respectivas que aún no concluyen, por lo que señaló que desde el 2012 la Profepa realiza visitas a la mina para verificar su funcionamiento, afirmado que el 6 de agosto cuando ocurrió el desastre se tomaron medidas para evitar afectaciones severas por el derrame.
Remarcó que inmediatamente la Profepa ordenó la clausura inmediata del patio de la mina obligando a la misma suspender actividades para evitar contaminar el cuerpo de agua de más de 260 kilómetros de extensión.
También aseguró que ordenó a Grupo México construir un dique que evitara el derrame de sulfato de cobre, aceptando que la empresa cumplió la orden “a medias” debido que, aún así, detectaron filtraciones por los tubos, descubriendo que eran de mala calidad.
Y finalmente afirmó que le pidió también el estudio de caracterización de los daños ocasionados por el derrame, remarcando que también está clausurado el patio de trabajos, es decir, de las 3 mil 600 hectáreas de la mina reduciendo su producción.
“Estaremos atentos a que las medidas sean cumplidas por la empresa, en caso de lo contrario sufrirán las consecuencia”, abundó.