El Senado avaló el nombramiento de Héctor Alberto Acosta Félix y Sergio Henrivier Pimentel Vargas como comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); y Marcelino Madrigal Martínez, Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez y Jesús Serrano Landeros como comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Asimismo, el presidente de la Mesa Directiva, Miguel Barbosa, tomó protesta a los integrantes de los consejos de administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Petróleos Mexicanos (Pemex), y a los integrantes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo, ratificados por mayoría en el Pleno del Senado.
Con el voto a favor de 74 senadores y 19 en contra, se designó como comisionados a Héctor Alberto Acosta Félix para ocupar el cargo hasta el 31 de diciembre de 2019; y a Sergio Henrivier Pimentel Vargas, hasta el 31 de diciembre de 2020, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
En una segunda votación y con el sufragio a favor de 77 senadores, 14 en contra y dos abstenciones, fueron elegidos Marcelino Madrigal Martínez, hasta el 31 de diciembre de 2020; Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, hasta el 31 de diciembre de 2019; y Jesús Serrano Landeros, hasta el 31 de diciembre de 2018 para integrar la Comisión Reguladora de Energía.
Al presentar el dictamen que propuso la designación de los comisionados en la sesión de ayer, el presidente de la Comisión de Energía, senador David Penchyna Grub, precisó con el proceso de selección de los comisionados se cierra un ciclo que transforma los últimos 80 años de un modelo energético que tuvo claros y oscuros.
Al presentar el voto particular del senador del PRD, Rabindranath Salazar Solorio, su compañera de bancada, Dolores Padierna Luna, se pronunció en contra de las propuestas, al señalar que no cuentan con el perfil idóneo para ocupar el cargo.
Además, dichos órganos colegiados tendrán mayor poder de decisión respecto a la Secretaría de Energía en la entrega de contratos para exploración y explotación de hidrocarburos, así como de almacenamiento y comercialización de energía.
La ratificación de los integrantes del Consejo de Administración de la CFE se avaló con 65 votos a favor, 12 en contra y cuatro abstenciones, con tiempos de permanencia como sigue: Rubén Filemón Flores García, hasta el 2016; Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo, concluirá en 2017; José Mario Molina Pasquel y Henríquez, al 2018; y Enrique de Jesús Zambrano Benítez, finalizará en 2019.
La designación de los integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos fue respaldada con 66 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Fungirán como consejeros independientes Alberto Tiburcio Celorio, por un periodo de dos años; Octavio Francisco Pastrana durante tres años; Jorge José Borja Navarrete por cuatro años; Jaime Lomelín Guillén, por cinco años,; y Carlos Elizondo Mayer-Serra permanecerá seis años.
En el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, se ratificó con 69 votos a favor, 15 en contra y una abstención la designación de Rafael Rangel Sostmann, para el periodo que concluye el 31 de diciembre de 2015; Luis Manuel Enrique Téllez Kuénzler, al 31 de diciembre de 2017; Federico Jesús Reyes Heroles González Garza, hasta el 31 de diciembre de 2019; y Arturo Manuel Fernández Pérez, en el lapso que finalizará el 31 de diciembre de 2021.
Al manifestar su voto particular en contra, la senadora por el PRD Dolores Padierna Luna señaló que la validación de los nombramientos abre la puerta a la corrupción pues a los consejeros se les dará un trato preferencial, pues pese a ser funcionarios públicos, quedan liberados de rendir cuentas de sus acciones. Esto no obstante que en varios de los perfiles destacan vínculos con empresas privadas trasnacionales.
Se permitirá un gran crecimiento de la burocracia dorada, pues Pemex y CFE se dividirán en filiales y subsidiarias, que a su vez contarán con consejeros designados de forma discrecional con grandes salarios que provendrán de recursos públicos; además gozarán de autonomía de gestión y esto significa una usurpación de facultades que pertenecen al Congreso, específicamente a la Cámara de Diputados en cuanto a fiscalización y definición de salarios.