La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a fin de establecer como requisito que las personas que aspiran a incorporarse al servicio diplomático acrediten conocimientos en materia de derechos humanos.
Estos cambios establecen que los candidatos a ocupar un puesto en materia consular deberán “acreditar los conocimientos en materia de derechos humanos necesarios para el ejercicio de sus funciones, privilegiadamente aquellos relativos a la protección de los mexicanos en el exterior”.
Esta ley fue presentada por el diputado José Francisco Coronato de Movimiento Ciudadano, quien dijo que de esta manera se podrá brindar apoyo a los connacionales que se encuentran detenidos o enfrentan una pena de muerte en el país vecino.
En este sentido, comentó que de acuerdo con un informe del Centro de Información de Pena Capital, actualmente hay 57 mexicanos condenados a pena de muerte en las cárceles de Estados Unidos, de los cuales, al menos 47 sufrieron faltas o violaciones al debido proceso afectando gravemente sus derechos fundamentales.
Recordó que México presentó una queja ante la Corte Internacional de Justicia y la misma emitió el 31 de mayo de 2004 una resolución conocida como “Fallo Avena”, en la que se solicitaba a Estados Unidos revisar a fondo los casos de los 51 sentenciados.
Coronato Rodríguez señaló que cuatro de los mexicanos beneficiados por el fallo internacional, han sido ejecutados en cárceles estadounidenses sin que se haya cumplido la sentencia impuesta por la Corte Internacional a Estados Unidos de América.
La Comisión de Relaciones Exteriores, la cual elaboró el dictamen, apuntó que en el Congreso se han aprobado importantes reformas en materias vinculadas a derechos humanos, de naturaleza político-electoral, sistema de justicia, educación y transparencia.
Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó con 369 votos a favor y nueve abstenciones, el dictamen de la minuta que armoniza diversas leyes para que el nombre de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) sea actualizado en los distintos ordenamientos y la dependencia tenga la certeza jurídica para desempeñar sus atribuciones, facultades y obligaciones.