El Dictamen de la Ley General de los Derechos de Niños y Adolescentes será presentado hoy al Pleno del Senado, para su primera lectura y el lunes se efectuará una sesión extraordinaria para su urgente aprobación.
Con un cambio del 95%, la iniciativa preferente enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado, consagra el derecho a vivir en familia, por lo que se prevén mecanismos como “la familia de acogida”, y se sientan las bases para facilitar la adopción, inclusive de menores de otros países.
También se crea y regula el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los menores. Este sistema estará formado por el presidente de la República, órganos autónomos, los gobernadores, entre otros.
Asimismo, la ley le da un nuevo carácter al sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que se convierte en un órgano desconcentrado y sale de la jurisdicción de la Secretaría de Salud.
En los artículos de esta ley se establece que los niños tendrán derecho a la identidad, por lo cual deben ser inscritos en el Registro Civil, y tendrán su primera acta de nacimiento de forma gratuita.
En ese sentido, el sistema DIF deberá contar con un sistema de información de los menores cuya situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles de adopción, así como el listado de personas solicitantes.
Además, la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, prevé robustecer la vigilancia de los albergues de asistencia infantil.
En este sentido, destaca que a partir de su entrada en vigor, las autoridades federales, locales, municipales y delegacionales en el caso del Distrito Federal, deberán autorizar, certificar y supervisar dichos servicios.
Las verificaciones a los centros de asistencia serán periódicas y regulares, en donde se constatará la infraestructura y servicios adecuados para brindar alojamiento, asimismo obliga a titulares o responsables legales de dichos sitios a llevar un registro de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia y remitirlo semestralmente al DIF.
Además, la nueva ley mandata a las autoridades competentes de los tres órdenes de Gobierno, contar con un censo y registro de las instalaciones en las que se brinden servicios de asistencia social, a fin de incorporarlas en el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social del DIF.
“Los Sistemas de las Entidades deberán reportar semestralmente al DIF, la actualización de sus registros, así como los resultados de las visitas de supervisión efectuadas”, detalla el anteproyecto.
Finalmente, la iniciativa estipula que será el DIF y en las Procuradurías de Protección, figuras creadas a partir de esta ley, quienes supervisarán los centros de asistencia social y, en su caso, ejercitar las acciones legales pertinentes derivadas del incumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley y sus legislaciones secundarias.