Este domingo la Procuraduría General del Estado de Guerrero (PGJEG) confirmó que 20 cuerpos hallados en fosas clandestinas en la comunidad de Pueblo Viejo corresponden al de los normalistas desaparecidos cerca del municipio de Iguala.
Desde las 11: 00 horas del sábado autoridades de los tres órdenes de gobierno implementaron un operativo en la zona donde se encontraron las fosas que podían contener los cuerpos de los jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Según las pruebas periciales realizadas, los restos calcinados encontrados en tres fosas a dos kilómetros de Iguala, son de normalistas desaparecidos hace una semana. Hasta el cierre de esta edición, se habían encontrado 20 cuerpos.
La fiscalía general de la República ha anunciado que ha tomado el caso y enviado investigadores. "El Estado mexicano no puede permitir que un hecho tan indignante quede impune", dijo el director de investigación criminal de la fiscalía, Tomás Zerón.
Asimismo la ONU pidió el viernes a las autoridades una búsqueda efectiva de los estudiantes. Su oficina en México manifestó que este caso está "entre los sucesos más terribles de los tiempos recientes".
En la identificación de las víctimas participan peritos de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República (PGR), luego de que se diera a la primera pista de las fosas clandestinas, que surgió de la confesión de uno de los sicarios que participó en la ejecución de los normalistas, quien reveló la ubicación del lugar y el método de ejecución de los jóvenes.
Se explicó que fueron secuestrados y ejecutados por elementos de la policía municipal de Iguala, sirviendo de brazo armado del grupo criminal Guerreros Unidos, que controla esa zona de Guerrero.
“Está confirmada la ubicación de tres fosas clandestinas con al, menos diez cuerpos que fueron víctimas de tortura y luego calcinados”, les dijo a los agentes federales.
Después de confirmar la noticia, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre recibió a familiares de los desaparecidos prometiéndoles que las autoridades van a encontrar “a cada uno de los responsables” de estos crímenes y que no quedará impune ninguno, y los llamó a la calma y a "evitar la violencia".
Por otra parte, elementos del Ejército Mexicano localizaron una casa de seguridad cerca del lugar de las ejecuciones, donde había fusiles AK-47, granadas y balas, donde se cree estuvo escondido el alcalde de Iguala y prófugo de la justicia, el perredista José Luis Abarca.
Ángel Aguirre miente
“El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, se burló de nosotros por no intervenir rápidamente en la búsqueda de nuestros hijos”, afirmaron familiares de los 43 normalistas que desaparecieron en la periferia de la ciudad de Iguala, al visitar la Secretaría de Gobernación para pedir justicia.
Entrevistada por El Punto Crítico, Araceli Tlaltlelpan, tía del joven Jose Antonio Bartolo Tlatlelpan, uno de los desaparecidos, aseguró que las autoridades de Guerrero sabían desde hace mucho tiempo que los jóvenes normalistas de Ayotzinapa eran amenazados por miembros del crimen organizado, sin embargo no hicieron nada para protegerlos.
“El crimen organizado está atrás, también el presidente municipal de Iguala, en contubernio”, afirman los pater familia que aseguran que sus hijos están vivos pero que no saben porque los retienen.
Comentan que desde hace años los estudiantes de la escuela Normal Isidro Burgos tienen que pedir dinero con la finalidad de realizar sus estudios magisteriales debido a que el gobierno estatal no aporta los recursos suficientes para su manutención, por lo que su presencia es nociva para los grupos de poder del lugar.
“Porque ya no quieren- autoridades- que los jóvenes estudien. No les conviene que haya jóvenes preparados, porque así ya no pueden gobernar ellos. Necesitan gente pobre, ignorante, para que ellos sigan en el puesto”, señalan.
Una mujer de 30 años de edad que pidió el anonimato, revela que existen sobrevivientes de la matanza que afirman que elementos de la policía municipal fueron quienes los atacaron y desaparecieron a sus compañeros, a quienes los subieron a patrullas de Iguala.
Los siete padres de familia que fueron atendidos por el Subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda el pasado viernes, coincidieron en denunciar que el gobernador Ángel Aguirre permite que alcaldes de Guerrero se relacionen con miembros del crimen organizado, tal como lo hizo el de Iguala al que dejaron escapar.
Angustiante espera de los estudios de ADN
Desde el día de los cruentos hechos, los familiares de estos jóvenes desaparecidos viven en la zozobra de que sus familiares hayan caído en manos de los violentos cárteles que pululan en la región.
El fiscal de Guerrero, Iñaky Blanco, ha dicho "No podemos todavía hablar de un número determinado de cuerpos, estamos trabajando en el lugar".
El domingo cientos de colegas de los desaparecidos marcharon por la autopista que conecta Chilpancingo con el turístico puerto de Acapulco. "Gobierno farsante que matas estudiantes", se leía en una de sus pancartas.
Crimen organizado involucrado
Hasta el momento hay más de 30 detenidos por este caso. Entre ellos 22 policías municipales consignados ya como autores de los homicidios.
Las primeras investigaciones revelaron que además de los elementos policiacos, en el tiroteo hubo la participación del grupo criminal Guerreros Unidos, a la que la policía municipal le sirve como brazo ejecutor.
Ese cártel tiene influencia en Guerrero, donde tan solo este año se ha encontrado una treintena de cadáveres en diversas fosas.
Los Guerreros Unidos surgieron hacia 2010 a partir del debilitamiento y división del cártel de los Beltrán Leyva.