Con el objeto de blindar los programas sociales del proceso electoral del 2015, que oficialmente inició este 7 de octubre, y evitar que se utilicen los apoyos para condicionar el voto de los ciudadanos, diputados comenzaron a definir las acciones a seguir.
Al respecto, el presidente de la Comisión Especial de Programas Sociales, diputado José Francisco Coronato Rodríguez (MC), aseguró que solo así se coadyuvará a que las elecciones del próximo año en que se renovará la Cámara de Diputados y se elegirá a nueve gobernadores, reflejen la voluntad política de los mexicanos al elegir a sus representantes populares, precisó en entrevista el legislador.
Por ello, destacó la importancia de implementar “medidas precautorias para que no se contamine el proceso electoral y evitar que los programas sociales, destinados a los núcleos de población más pobres, sean aprovechados por algún partido político para captar más votos, como se ha hecho en el pasado”.
Coronato Rodríguez explicó que las acciones que emprenderá la comisión especial para evitar el condicionamiento de los apoyos serán adicionales a las que establezcan las autoridades electorales, con el propósito de “generar la separación total de los comicios con un programa social”.
Estimó la conveniencia de vincularse con las diferentes instancias gubernamentales que manejan programas sociales, para solicitar sensibilidad en el momento de otorgar los apoyos a las familias que más los necesitan y, en esa medida, “salvaguardar los apoyos en beneficio de la sociedad, pero al margen de los procesos electorales”, agregó.
Asimismo, la Comisión Especial de Programas Sociales, en su treceava reunión ordinaria, avaló el análisis de la información enviada por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), órgano encargado de evaluar las reglas de operación de los apoyos a la población más pobre que manejan las instancias gubernamentales.
En este sentido, se notificó a los diputados que las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y de Educación Pública (SEP), y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, no atendieron las observaciones de la Cofemer, para hacer más claros los requisitos de las reglas de operación de algunos programas sociales que manejan y garantizar a los ciudadanos su acceso a los beneficios.
El documento señala además que esas instituciones públicas no corrigieron la ambigüedad o la falta de claridad de un trámite en las reglas de operación, pese a que la Cofemer les envió un dictamen de mejora regulatoria, el cual especifica la propuesta para hacer más accesible y entendibles los requisitos.
A través de ese dictamen, la Cofemer opina y exhorta a las dependencias a otorgar más tiempo al ciudadano para cumplir con las reglas de operación o aclare los requisitos; sin embargo, en lo que va del presente año, no han atendido las observaciones, por lo cual muchos ciudadanos desisten solicitar los apoyos de los programas sociales.