En Ginebra, Suiza, a propuesta de una delegación mexicana de senadoras participante en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas (UIP), se condenó los lamentables hechos ocurridos en Guerrero, donde 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa fueron secuestrados por presuntos miembros de la policía de Iguala, y otros tres fueron asesinados.
Previo al inicio de los trabajos de la 131 Asamblea de la UIP, en donde participan 744 parlamentarios de 141 países, el Grupo Latinoamericano y del Caribe (Grulac) llevó a cabo una reunión en la que las senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Gabriela Cuevas Barron (Partido Acción Nacional), Dolores Padierna Luna (Partido de la Revolución Democrática) y Graciela Ortiz González (Partido Revolucionario Institucional), presentaron un pronunciamiento, mismo que fue aprobado con la siguiente declaración conjunta:
Al Gobierno de México
Los miembros del grupo geopolítico de América Latina y del Caribe en la Unión Interparlamentaria, expresamos nuestra consternación por los acontecimientos acaecidos en el estado de Guerrero de ese país, en los que 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa, fueron secuestrados por presuntos miembros de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero.
El homicidio de tres de ellos y la desaparición y presunción de homicidio del resto de los estudiantes representa una acción que debe ser condenada y sancionada con todo rigor por un país en el que prevalezca el Estado de Derecho.
Ante esta lamentable violación a los Derechos Humanos que condenamos los miembros del Grulac, respetuosamente planteamos:
Que como lo ha establecido ya el Gobierno Mexicano, en el sentido de que ante hechos como éste, no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad, se intensifiquen los esfuerzos institucionales para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos en México, se esclarezcan los hechos, se deslinden responsabilidades de acción y de omisión y se castigue con rigor a los culpables de este crimen.
Asimismo, establecer mecanismos de reparación inmediata del daño a las víctimas y construir las condiciones para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
A la vez, los integrantes del Grulac hacemos un llamado a los gobiernos de nuestros países para reforzar las acciones de cooperación regional para combatir al crimen organizado que es un verdadero flagelo para nuestros jóvenes y nuestros pueblos.
Inicia acciones Comisión
Bicameral de Seguridad
Por otra parte, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, nombrado el pasado jueves presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional por la Mesa Directiva del Senado de la República, será el encargado de coordinar las acciones que emprenderá el grupo de trabajo -recién creado- que tendrá por objetivo dar seguimiento al caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre del presente año.
El legislador expresó que los miembros designados para cumplir con esta responsabilidad, sostendrán una estrecha relación con la Secretaría de la Defensa Nacional, de Gobernación, la Procuraduría General de la República y el CISEN. De igual manera, manifestó que buscará coordinarse y colaborar con las organizaciones civiles que exigen justicia, así como con organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch o Amnistía Internacional; todo en aras de dar solución a este caso, que aseguró, “ha afectado enormemente el tejido social y tiene entristecida no sólo a la comunidad estudiantil mexicana sino a la sociedad en general”.
Expuso que las labores que realice el grupo de trabajo se darán en un ambiente de apego a derecho y de transparencia y rendición de cuentas. El senador por el Estado de México también es parte del grupo redactor del paquete de leyes en materia de transparencia, por lo que hizo hincapié en el punto de la rendición de cuentas y la importancia de sostener una buena relación con las instituciones públicas y las organizaciones civiles, para satisfacer las demandas de una sociedad que ha salido a manifestarse en contra del envilecimiento de las entidades encargadas de impartir justicia.
Añadió que debe quedar en claro que los senadores y las senadoras que conforman esta nueva comisión de seguimiento no son la autoridad ni tienen funciones de policía, por lo que no podrán llamar a comparecer civiles. Señaló que todas las reuniones y temas que se aborden se darán a conocer como lo dicta la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.
Además, el senador perredista externó que junto al caso de Iguala también analizarán de manera profunda el de Tlatlaya y todos aquellos donde existan pruebas de abuso de autoridad y violación de las garantías fundamentales para la preservación de la integridad ciudadana. “Es necesario que la población vuelva a confiar en las instituciones y la autoridad, que al día de hoy, mantienen un perfil de desconfianza debido al alto grado de corrupción e impunidad que impera. Se tiene que recuperar la legitimidad del sistema de justicia”, afirmó.