El Estado mexicano está incapacitado para brindar protección a la población a su cargo, no ha cumplido con sus promesas, y lo ocurrido en Ayotzinapa es prueba de ello, afirmaron especialistas en seguridad de la Universidad Iberoamericana.
Durante la realización de la mesas de análisis “Ayotzinapa: desaparición y asesinato de estudiantes normalistas rurales”, el doctor José Antonio Ibáñez, la maestra Sandra Salcedo y el especialista en materia de seguridad Erubiel Tirado, aseguraron que el Estado mexicano sabe cuál fue el destino de los 43 estudiantes indígenas.
“No podemos seguir contando cadáveres. Las autoridades saben bien cuáles son los protocolos que deben realizarse”, señaló la maestra Sandra Salcedo.
De acuerdo con la especialista en Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil, como Amnistía Internacional, así como grupos de ciudadanos, se han comprometido con lo ocurrido en Iguala, pero, advirtió, esta labor corresponde a las autoridades que han sido omisas sobre el caso.
Recordó que la descomposición de las instituciones mexicanas existe en todos los niveles, pero se hizo más patente a nivel municipal: Ayotzinapa es el mejor ejemplo. “Se asesina a estudiantes porque se puede, las instituciones de justicia se han debilitado en el estado de Guerrero”, apuntó.
Lamentó que se pusiera en manos de la sociedad civil la procuración de justicia, considerada una obligación inherente a los gobiernos.
Por su parte, el ingeniero Pablo Reyna, externó que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha criminalizado la protesta, destacando que lo que pasó en la ciudad de Iguala es el mejor ejemplo de esta afirmación.
Ayotzinapa no es un hecho aislado
Los especialistas reunidos coincidieron en que los hechos ocurridos en Ayotzinapa y en Tlatlaya no representan, de ninguna manera, casos aislados, pues rememoraron la matanza en Aguas Blancas y el caso de Rosendo Radilla, detenido por militares en la década de los 70, como algunos de los múltiples ejemplos de violaciones a los derechos humanos en territorio mexicano a los cuales se debe dar seguimiento con urgencia.
Respecto del caso Ayotzinapa, el doctor Ibáñez explicó que, gracias a su experiencia dentro del Programa de Derechos Humanos de la Ibero, “ya contábamos con los elementos suficientes para pensar que la descomposición social en Guerrero era muy importante. El Presidente Municipal de Iguala (José Luis Abarca Velázquez) ya había sido acusado de la muerte de Arturo Hernández. En esa zona es un líder muy importante”.
“México está saturando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de casos de violaciones a los derechos humanos”, aseguró Ibáñez.
México está ubicado como “especialmente peligroso” para la denuncia y el cumplimiento de las obligaciones del Estado, manifestó la maestra Sandra Salcedo, y llamó a la realización de un proceso similar a la estrategia colombiana contra la corrupción en la década de los 90, en la que se hizo una depuración de las autoridades.
Incluso si los cadáveres de las fosas clandestinas que se encontraron hace pocos días en Iguala, Guerrero, no fueran de los estudiantes normalistas, es necesario conocer la identidad de los cadáveres, así como un proceso de investigación pertinente, sanción a los culpables, reparación de daños y el aseguramiento de que este tipo de cosas no se repitan, afirmó Salcedo.
Necesaria: una reforma a la estructura de seguridad
Finalmente el especialista en seguridad, Erubiel Tirado Cervantes, comentó que la manifestación social por el caso de los normalistas de Ayotzinapa muestra un hartazgo hacia la política, porque vez tras vez las instituciones, dirigentes y políticos han fallado, y nosotros seguimos con nuestra impotencia de no saber qué hacer.
Además dijo que en un país donde hay tortura y desapariciones forzadas, donde existe una vinculación descompuesta entre el crimen y la violencia con la política, difícilmente podemos hablar de que en ese país hay un Estado de justicia y un Estado de derecho.
Esta situación implica que el Estado mexicano es incapaz de brindar la más mínima seguridad a su población, con un esquema de protección institucional para los ciudadanos que tiene fallas estructurales. Por lo que si no hay un cambio radical en la voluntad política, un castigo a los culpables, si no se sabe la verdad, y no se reformula en términos democráticos nuestra estructura de seguridad y defensa, vamos a seguir igual en México.
Agregó que llevamos más de 20 años de crisis del sistema, y hablar de una crisis de seguridad pública es una paradoja, porque hemos militarizado las estructuras de seguridad pública en los tres niveles de gobierno.
Esa situación y lo acontecido en Guerrero nos obliga a organizar una agenda de cambio en las relaciones civiles-militares; para un control civil, democrático y eficaz sobre el sistema de seguridad y defensa, de efectividad operativa, y que trascienda este ámbito, con cuestiones de prevención.