Empleados y académicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se sumaron ayer a las protestas estudiantiles e informaron que hoy, a las 11:00 horas de la mañana, entregarán un pliego petitorio en las Secretarías de Gobernación (Segob) y Educación Pública (SEP), que permita terminar con el conflicto.
Entre las demandas solicitadas está la realización de un Congreso Nacional Politécnico que permita democratizar a la institución, anunció Álvaro Mendoza, docente de la Escuela Superior de Economía.
“En este documento se plasman las inquietudes que tenemos; un congreso es la vía para establecer procedimientos y temáticas para efectuar un proceso adecuado de revisión y estructuración del Politécnico”, afirmó en conferencia de prensa.
Por lo tanto, el docente expresó su solidaridad con las acciones de los estudiantes “que se encuentran en paro”, y enfatizó que a toda la comunidad politécnica le toca decidir el futuro de la institución.
Sin embargo, José Antonio Rueda, profesor de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan, aseveró que profesores de vocacionales presionan a estudiantes para que abran las escuelas, y advirtió que los mismos alumnos las entregarán en el momento adecuado.
“No es como el gobierno nos quiere hacer creer que el problema está si abren o no las puertas, el problema es si el politécnico puede ser defendido, nosotros podemos evitar que sea destruido, es lo que está en juego”, externó.
Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte reiteró su criterio de que las personas que prestan servicios al Instituto Politécnico Nacional (IPN), están sujetas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Al resolver un recurso de revisión en amparo directo promovido por un trabajador de esa casa de estudios, la Corte señaló que el artículo 108, primer párrafo, de la Constitución que establece quiénes son servidores públicos, no es limitativo sino enunciativo.
Esto debido a que la intención del Congreso de la Unión, al reformar dicho numeral, fue que se incluyera a todos, sin importar la clase de empleo, cargo o comisión que desempeñen, ni el nivel de la función o la institución donde laboren.