Diputados de oposición anunciaron que esta semana presentarán una solicitud de juicio político contra el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y el procurador de Justicia de la entidad, Iñaky Blanco Cabrera, por el caso de los estudiantes desaparecidos.
Al concluir la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Partido del Trabajo), denunció que "no hay materia para promover la desaparición de tantos estudiantes en el estado de Guerrero”.
Calificó de “frívola” la actitud del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) “al negarse a debatir el tema relacionado con el juicio político; a la creación de una fiscalía especial y al no considerar el clamor de la ciudadanía, ni asumir plenamente su responsabilidad”, sobre el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. “Estamos encontrando consensos para llevar a cabo el juicio político contra esos dos funcionarios”, cuya solicitud se presentará a más tardar el próximo viernes, explicó.
“Nosotros vamos a exigir el juicio político en contra del gobernador de Guerrero y del Procurador General de Justicia, por las responsabilidades administrativas que tienen en la tragedia nacional de esa entidad”.
El diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) reveló que entre las razones por las cuales se está llevando a cabo esta medida son, que el Procurador tenía desde hace un año información que no investigó y que existen múltiples razones por las que el gobernador tiene responsabilidad en los hechos.
Aunado a lo anterior, lamentó que la Jucopo no quiera tocar la sustitución del Procurador por un Fiscal especial en la investigación, por lo cual reiteró el punto de enjuiciar políticamente en la Cámara de Diputados al gobernador de Guerrero y al Procurador de justicia.
Resaltó que el trabajo legislativo tiene que ser serio y no prestarse al manejo político por parte del Partido Acción Nacional (PAN), PRD y PRI, los cuales se negaron a debatir el tema que propuso el PT, con mucha responsabilidad, de crear una fiscalía especial que se encargue del caso.
“La actitud de la clase política nos parece muy grave, que tengan la frivolidad en decir nada más que aparezcan, sin asumir la responsabilidad en la materia, así como algunos partidos políticos en el Senado de la República que piden la desaparición de poderes y desconocer al Procurador en la investigación”, aseveró.
En su conclusión, reiteró que la gente sólo está exigiendo lo que es demanda de todos los mexicanos y mexicanas, que es que aparezcan los jóvenes que han desparecido de manera forzada por omisiones graves de parte de la estructura de gobierno.
Problema Serio
El asesinato y desaparición de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, es un problema “muy serio, muy grave”, con “una dimensión que no habíamos visto desde 1994”, con la muerte de Luis Donaldo Colosio, aseguró el coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila.
“Incluso se ha iniciado un proceso de insurgencia civil, de indignación, de rebelión pacífica en todas partes, provocado por la impunidad, la injusticia y la imposición de un proyecto económico que se resiste a sucumbir”, indicó en declaraciones a la prensa tras concluir una reunión de la Jucopo.
Monreal Ávila aseguró que ésa es la respuesta a las reformas estructurales que se aprobaron durante la presente administración y sostuvo que el origen de todo lo que se está viviendo es el Pacto por México, suscrito en diciembre de 2012, entre el gobierno federal, PRI, PAN y PRD.
Subrayó que desde el asesinato de Colosio nunca había estado tan preocupado como ahora y manifestó que “el proceso de descomposición social del país, la barbarie, la violencia, han logrado derribar las aspiraciones por un México distinto”.
Mencionó la exigencia de justicia por parte de organismos de derechos humanos e internacionales y manifestó que los supuestos de lesa humanidad se configuran en la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala.
También dijo que la suerte del gobernador de Guerrero ya está echada porque, incluso, “sus apoyadores lo han dejado solo”, en referencia al PRD.
Sin embargo, sostuvo que su destitución, separación o licencia del cargo no va a resolver el problema.
La situación de Guerrero es un reflejo de la descomposición social que priva en el país, en estados como Tamaulipas, Jalisco, Durango, Zacatecas, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa, entre otros, aseveró.