La Cámara de Diputados aseguró este martes la participación de pescadores mexicanos en la zona económica exclusiva del país, de manera previa a la declaración de excedentes pesqueros, al aprobar en el pleno reformas a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Con 391 votos a favor, cero en contra y una abstención, los legisladores avalaron esta propuesta hecha en abril pasado por el diputado Alfonso Inzunza Montoya, del PRI, la cual adiciona un párrafo tercero al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y fue turnada al Senado para su análisis.
En el documento se refuerza la protección de los recursos pesqueros nacionales, al ampliar los requisitos para la emisión de una declaratoria de excedentes, sometiéndolos a concurso entre concesionarios y/o permisionarios pesqueros mexicanos.
Establece como requisito para la declaración de excedentes, que el recurso pesquero correspondiente se haya concursado previamente, de acuerdo con los tratados y acuerdos internacionales de los que México es parte.
Lo anterior permitirá que las embarcaciones extranjeras participen de dichos excedentes en la zona económica exclusiva, mediante el cumplimiento de requisitos y condiciones que para cada caso se establezcan.
En los considerandos de la Ley se argumenta que las pesquerías en México generan especies de gran valor económico y enorme beneficio social, para cuyo desarrollo se tienen dispuestas desde el sector público, iniciativas diversas que procuran su ordenamiento y sustentabilidad.
Señala la necesidad de que se proteja la industria pesquera nacional, el abasto de recursos en suficiencia, procurando atender la demanda interna y la de exportación.
También, que desde el marco legal se garantice un aprovechamiento pleno en beneficio de los productores nacionales de los recursos pesqueros disponibles en la zona económica exclusiva.
Se destaca, además, que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables tiene por objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.
Indica que si bien existe la posibilidad de permitir la pesca excedente, ésta debe ser regida bajo las condiciones en que el estado ribereño considere necesarias para proteger el recurso pesquero.
Recuerda que en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar y el Código de Conducta para la Pesca Responsable, son enfáticos en cuanto a la protección del recurso pesquero en las aguas bajo su jurisdicción.
Aclara que de las 355 pesquerías comerciales marinas en el país, 84 por ciento se encuentran sin posibilidad de incrementar el esfuerzo pesquero y 12 por ciento deberán disminuirlo para no llegar al agotamiento de las especies.
Sólo 3.7 por ciento de las pesquerías comerciales tienen posibilidad, previo dictamen del Instituto Nacional de Pesca, de incrementarlo; el restante dos por ciento corresponde a las especies reservadas a la pesca deportiva.