El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, señaló a José Luis Abarca, alcalde de Iguala y prófugo de la justicia; María de los Ángeles Pineda, esposa del munícipe y Felipe Flores Velásquez, secretario de Seguridad Pública local, como los presuntos responsables de los hechos ocurridos a los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre, por lo que se libraron
órdenes de aprehensión en contra de ellos.
También, la Procuraduría General de la República (PGR) busca a César Nava González, subdirector de la Policía de Cocula, y un sujeto identificado como el “Gil”, lugarteniente de Sidronio Casarrubias Salgado, máximo líder del grupo criminal “Guerreros Unidos”, quien ya fue detenido y consignado al penal de máxima seguridad El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
“Su captura será crucial para las investigaciones del caso”, dijo en conferencia de prensa este miércoles el titular de la PGR.
Aseguró que el grupo delincuencial “Guerreros Unidos”, del que la esposa del edil era principal fuente de financiamiento, tejió una red de complicidad con la alcaldía, con las policías de Iguala y de Cocula.
El alcalde de la ciudad de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Angeles Pineda, querían impedir que una movilización de estudiantes, el 26 de septiembre, interfiriera con un acto de Pineda mientras daba el informe como presidenta del DIF de Iguala, abundó.
Añadió, que la pareja, que trabajaba en complicidad con el grupo llamado “Guerreros Unidos” y del que participaba también la policía municipal, ordenó frenar a los estudiantes que venían por una carretera rumbo a Iguala, tras haber tomado autobuses para recolectar dinero para la escuela rural donde estudiaban.
"Fue una represión violenta por parte de los policías de Iguala y Cocula dirigidos por el grupo delincuencial señalado, con intención de disuadir a un grupo de personas a hacer presencia en el evento que el alcalde y su esposa estaban celebrando esa noche", mencionó.
En las indagatorias, señaló, consta que el “Gil” se comunicó con Casarrubias Salgado, quien de alguna manera avaló la defensa de su territorio para que los estudiantes no causaran ninguna situación en contra de los funcionarios que se encontraban reunidos en Iguala.
Detalló que en las inmediaciones donde vive el “Gil” se encontraron dos cuerpos más en una fosa a los cuales se les practican los exámenes periciales pertinentes para determinar su identidad.
Comentó que continúan las pesquisas para detener a los integrantes del grupo delictivo denominado “Guerreros Unidos”, quienes recibieron a los estudiantes, y son buscados “porque su testimonio será de suma importancia para dar con el paradero de los normalistas de Ayotzinapa”.
El Procurador General de República precisó que hasta el momento han sido capturados y consignados 52 personas, entre policías de Iguala y Cocula, así como integrantes del grupo criminal “Guerreros Unidos”, el cual tenía conexión con funcionarios de Iguala.
Resaltó que la prioridad es encontrar a los desaparecidos, por lo que se han desplegado acciones para ubicarlos, además de erradicar los serios problemas de infiltración de los delincuentes en las corporaciones de los municipios mencionados.
Refirió que encontrar a los jóvenes y detener a los autores intelectuales es una prioridad del gobierno federal, por lo que diversas dependencias trabajan de manera coordinada para conocer la verdad de los hechos.
Banda criminal “Guerreros Unidos”
Explicó Murillo Karam que “Guerreros Unidos” es una de las varias bandas del crimen organizado en que se dividió el otrora poderoso cártel de los Beltrán Leyva, cuyo líder Arturo Beltrán Leyva murió en un enfrentamiento con marinos en diciembre del 2009.
“La organización criminal no solo se dedica al narcotráfico sino también a secuestros y extorsiones. En Iguala decidían quiénes ingresaban a la policía”, agregó.
Sidronio Casarrubias, detenido la semana pasada y líder de “Guerreros Unidos”, confesó que los policías involucrados entregaron los estudiantes a sus sicarios, y que su lugarteniente al comienzo del incidente creyó que se trataba de integrantes de un grupo rival conocido como “Los Rojos”. El detenido señaló a Pineda como la principal operadora del grupo delictivo, dijo el funcionario.
Los sicarios se llevaron a los desaparecidos en una camioneta blanca rumbo a un paraje donde una semana después fueron halladas varias fosas clandestinas con 30 cuerpos calcinados, que según los primeros peritajes no pertenecen a los estudiantes.
Sin embargo, el Procurador General asegura que aún faltan los resultados de pruebas que realiza el Equipo Argentino de Antropología Forense, reconocido por haber identificado a desaparecidos de la dictadura en su país, para saber con certeza si entre esos restos podría estar el de algún estudiante.