El pasado 18 de agosto el Canal 2 de Televisa difundió una entrevista del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el Palacio Nacional, situación que molestó al partido Movimiento Ciudadano que demandó al ejecutivo federal y a su departamento de Comunicación Social ante el INE por uso indebido de recursos públicos por parte de
Presidencia de la República.
En respuesta, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) discutió intensamente “la demanda” en contra del primer mandatario de la nación, a quién perdonaron a pesar que los consejeros aceptaron que promocionó su imagen ante un gigante de la televisión.
Por la denuncia presentada, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos investigó desde el 26 de agosto la supuesta violación a la Ley Electoral, por lo que entrevistó a funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Presidencia de la República y Grupo Televisa para validar la queja.
De acuerdo a las diligencias encontradas durante un mes de investigaciones, el paso 13 de octubre el INE ordenó admitir el presente procedimiento administrativo y emplazar a los sujetos denunciados y citar a los quejosos, señalando día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ley a la que se refiere el artículo 472 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por lo tanto, el INE citó a los siguientes funcionarios para declarar lo relacionado con el asunto como fue el Consejero Jurídico de Presidencia de la República, Humberto Castillejos, Roberto Calleja, Director General de Presidencia de la República y a José Carreño Carlón, Director del Fondo de Cultura Económica.
Sin embargo, el veinte de octubre de dos mil catorce, se celebró en las oficinas que ocupa la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el resultando precedente (fojas 454 a 464), audiencia en las que comparecieron las partes en los términos que se citan a continuación, y en la cual se declaró cerrado el procedimiento.
En conclusión, el INE precisó que las manifestaciones emitidas por el Presidente de la República, no pueden ser calificadas como propaganda política o electoral, asegurando que nunca promovió ideología alguna, ni el voto a favor o en contra de algún partido político, ni algún otro elemento que pueda influir en las preferencias electorales.