La zona conurbada en el centro de nuestro país ha dejado en claro su fracaso en cuanto a su política de transporte público desde hace más de 15 años. Hemos presenciado que la expansión urbana ha traído, como consecuencia, el aumento en la demanda de viajes, pero no en mejora de la infraestructura ni en la calidad del servicio. Aun cuando el tema ha sido visto desde diferentes enfoques, hay uno que al menos los decisores en esta materia no han alcanzado a atender, me refiero a su impacto en los bolsillos de los habitantes, además de la calidad de vida, el impacto ambiental y sus consecuencias en la salud. Atenderlo significa comenzar por reconocer el fracaso que se ha tenido en esta materia.
Es de todos sabido y reconocido lo intransitable que resulta a diario y a cualquier hora la zona conurbada. No hay avenida, calle u horario que se salve. Pero esto no es lo preocupante, sino que finalmente no se haga nada al respecto y que esta indiferencia o falta de políticas públicas reales sigan impactando económicamente a todos.
Cuando nos referimos al transporte público, ya sea que intervenga el gobierno local como operador o regulador a través del otorgamiento de concesiones, la conclusión es contundente: es ineficiente.
La teoría económica nos dice que los mercados son eficientes cuando sus participantes interactúan de tal manera que los precios y la calidad de los bienes o servicios en cuestión se determinan de manera competitiva. Si vemos al servicio del transporte público concesionado desde esta perspectiva, a todas luces reprueba la materia, hay poca competencia, escasa y mala oferta. Para muestra basta ver cómo día con día los conductores del transporte público se pelean y arrebatan pasajeros, con un trato menos que humano. Son los dueños de las pistas, de las avenidas, dueños de nuestro tiempo y seguridad, dueños del mercado.
El transporte público ineficiente tiene impactos económicos para todos, mayor gasto en gasolina, mayor tiempo de traslado a centros de trabajo y estudio, mayores gastos corrientes en alimentos y otros (al estar mayor tiempo en la calle, genera mayores consumos en bienes básicos). Mayor inversión en las unidades vehiculares al someterse a mayor desgaste, sumado a las condiciones de inseguridad como los asaltos constantes. Si a esto le agregamos la condición de ser una familia promedio en la que todos usen el transporte público, hagamos simple aritmética para saber el costo en que se incurre, multipliquémoslo por semana, por mes, por año. Resulta inconsistente que, en medio de la discusión del aumento del salario mínimo, no estemos hablando, primero, de aquellas medidas que tienen un impacto real en los bolsillos, sería congruente comenzar por ahí.
Se debe resolver el problema de la movilidad mejorando la accesibilidad y no sólo buscando cómo trasladar más pasajeros a mayores distancias con mayor gasto y consumo de energía. Se debe apostar por moverse lo menos posible, disminuyendo las necesidades de desplazamiento. Acompañado de una verdadera educación vial para todos, principalmente quienes trabajan en el transporte público, esto reduciría los impactos económicos y regresaría las condiciones de calidad y competencia al mercado. Los analistas, aquellos que tienen como tarea aconsejar a los políticos, deberán insistir en que las respuestas al transporte público en la zona conurbada del centro del país no pueden esperar fechas electorales para medianamente atenderlo, necesitamos políticas de largo aliento, sólo así estamos en condiciones de verdaderamente trascender en la cosa pública.
@eduardolf06