Senadores del PAN, PRI, PRD Y PVEM se comprometieron a escuchar las experiencias y propuestas de los ahorradores, para lograr una reforma a la Ley del Ahorro y Crédito Popular que garantice la protección del capital y el pago a quienes resulten defraudados, y además de que no se repitan casos de fraudes como el de Ficrea.
Lo anterior durante una reunión de trabajo de la Tercera Comisión de la Permanente en la que se acordó conformar dicho grupo plural con un senador y un diputado de cada grupo parlamentario, que trabajará en conferencia con grupos de ahorradores, y con las comisiones Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a fin de allegarse los insumos necesarios para perfeccionar dicha ley.
La conformación de este grupo plural de trabajo se pondrá a consideración del Pleno de la Comisión Permanente en la sesión de este miércoles, así como su mecanismo de trabajo interno, al igual que con los ahorradores y las autoridades de gobierno.
El senador Javier Lozano Alarcón, del Partido Acción Nacional, explicó que la comunicación permanente con los ahorradores y las autoridades financieras permitirá que los legisladores reciban los insumos necesarios que den transparencia a la reforma que se llevará a cabo, y se cumplirá con la expectativa generada por el Congreso para atender y evitar en el futuro casos como el de Ficrea.
Reiteró su propuesta de elevar el umbral del seguro depósito a más de 25 mil UDIS, a fin de que la protección alcance al 80 ó 90% de los depósitos de los ahorradores, y no sólo al 42% como ocurre actualmente.
Aclaró que el compromiso es con los ahorradores, no con inversionistas institucionales “que se metieron a cascar su dinero; ahí sí, que se rasquen con sus propias uñas”.
El senador Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, apuntó que para garantizar un mayor pago a los defraudados, las modificaciones legislativas deben establecer con claridad que el fideicomiso mantendrá el control de los recursos.
En cuanto a los mecanismos necesarios para evitar que se repitan casos como el de Ficrea, sostuvo, es necesario elevar las sanciones a los defraudadores, y a ello ayudará la participación en conferencia de las autoridades financieras.
La senadora Blanca Alcalá Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, se manifestó por definir una mecánica que permita dividir el trabajo estrictamente parlamentario y el de conferencia con las autoridades de la CNBV, Condusef y SHCP.
De esta forma, aseguró, será posible desahogar de manera transparente y pronta el trabajo parlamentario, y establecer con claridad la mecánica para dar seguimiento y protección a los ahorradores defraudados.
En el mismo sentido se pronunció el senador Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México, al apuntar que no sólo se debe hablar con personas defraudadas por Ficrea, pues se requiere ampliar la labor parlamentaria a un sector mayor de la población. Por ello, propuso establecer un compromiso con organizaciones y representaciones de ahorradores, a través de foros, audiencias públicas, etcétera.
Finalmente, el senador por el PRI, Manuel Cavazos Lerma, se pronunció porque, dentro de la mecánica de trabajo, se establezca un objetivo preciso que permita modificaciones legales para elevar el umbral del seguro de depósito a más de 25 mil UDIS; prevenir casos semejantes al de Ficrea y lograr la monetización rápida de los activos para que no sufra el ahorrador.
Los objetivos, acotó, pueden crecer en el futuro, y para cumplirlos será necesario también que los legisladores consulten a especialistas y expertos en el tema, como los académicos.
Durante la reunión de la Tercera Comisión de la Permanente además se analizaron y dictaminaron diversas iniciativas, entre las que destacan el exhorto a los gobiernos federal y locales a fomentar la cultura de la donación de órganos, a través de instrumentos que consideren idóneos, tales como la licencia de conducir y, en su caso, la credencial de elector.