El ajuste al gasto y la reingeniería del presupuesto para 2016 buscan hacer más eficiente el gasto público, manteniendo los niveles de déficit fiscal establecidos y sin necesidad de modificar la estructura tributaria actual, estima la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP).
En su Informe Semanal del Vocero, la dependencia expone que el documento “Pre-Criterios 2015”, presentado en días previos, plantea los retos y fortalezas de la economía mexicana para 2016.
De igual forma, sienta las bases sobre las cuales se habrá de llevar a cabo la elaboración y discusión de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.
Indica que dichos pre-criterios “se publican en un entorno complejo, que tiene repercusiones sobre las finanzas públicas, derivado de factores tanto externos como internos”.
Entre ellos, destacan la caída en el precio del petróleo, la volatilidad en los mercados financieros y la reducción en la plataforma de producción de petróleo.
Para 2016, abunda a Secretaría de Hacienda, los menores ingresos presupuestarios estimados implicarán un ajuste adicional por 135 mil millones de pesos que permite mantener una trayectoria de déficit decreciente.
Esto equivale a una reducción anual de 4.3 por ciento, respecto al presupuesto de 2015, que se estima es la mitad de lo que hubiera sido necesario de no implementar el recorte desde 2015.
Refiere además que en línea con lo anunciado en enero pasado, se trabaja en la reingeniería del gasto público, con un enfoque de Presupuesto Base Cero, lo cual implica una revisión a fondo de los programas presupuestarios así como de las Unidades Administrativas de la Administración Pública Federal.
Para tal propósito, planteó como objetivos identificar, dentro de los programas y estructuras las complementariedades, similitudes o posibles duplicidades a fin de evitarlas en la medida de lo posible.
A ello se suma priorizar los programas presupuestarios de conformidad con las metas nacionales y con base en su desempeño y establecer criterios adicionales para la prelación de programas y proyectos de inversión con base en criterios de rentabilidad social y económica, así como promover una mayor participación del sector privado en los esquemas de financiamiento.