Si bien México realiza esfuerzos importantes para combatir los delitos cibernéticos, una práctica que en 2014 representó un costo de alrededor de tres mil millones de dólares, aún presenta rezagos en la implementación de marcos legales y capacitación.
De acuerdo con la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), “por medio de las reformas en materia de telecomunicaciones y la Estrategia Digital Nacional se ha dado prioridad a la digitalización de la población y los servicios públicos, pero el tema de la ciberseguridad no ha recibido el mismo ímpetu”.
En su reporte “Retos de Ciberseguridad para México”, indica que resulta de gran importancia comenzar con la pronta elaboración e implementación de estrategias y planes nacionales que agilicen la transición hacia un ciberespacio seguro, en que sea posible aprovechar al máximo los enormes beneficios que generan estas nuevas tecnologías.
Refiere que de acuerdo con el Índice Global de Seguridad 2014, liberado a inicios del año por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), México cuenta con un bajo nivel de preparación ante ciberamenazas.
Este reporte, explica The CIU, evalúa la respuesta general de más de 100 países ante la inseguridad cibernética en una escala de evaluación entre 0 y 100 puntos.
De tal forma que cada país cuenta con una calificación que puede repetirse, derivando en un ranking con 29 posiciones, entre las cuales México ocupa la 18, a la par de Perú, Vietnam y Burkina Faso.
“México cuenta con una calificación global de 32.4 sobre 100, lo cual implica que se encuentra 12.3 puntos por debajo del promedio global. A nivel Latinoamérica, esto implica que México se ubica por encima de países como Paraguay y Venezuela, pero muy por debajo de otros como Brasil, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Chile y Colombia”, señala.
El Índice Global de Ciberseguridad se centra en cinco principales indicadores o áreas, que son las medidas legales, técnicas, orgánicas, capacitación y cooperación tanto nacional como internacional.
Las principales fortalezas de México se encuentran en las medidas técnicas, mientras que su principal debilidad son las orgánicas, lo cual indica que se cuenta con algunas instituciones y marcos técnicos de ciberseguridad, pero no cuenta con una planificación y estructura que promuevan la implementación de medidas de este tipo de seguridad entre distintos sectores e instituciones.
“México registra bajos niveles en materia de marcos legales e instituciones encargados de tratar la seguridad en línea, así como en programas de capacitación, certificación, desarrollo de profesionales y certificación de organizaciones de carácter público en esta materia”, comenta.
En opinión de la consultora, este patrón se refleja nuevamente en una falta de mayor desarrollo en materia de marcos para cooperación nacional e internacional y redes de divulgación de información.
Según el reporte “Tendencias de Seguridad en América Latina y el Caribe”, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en México los costos anuales generados por ciberdelitos en 2014 ascendieron a tres mil millones de dólares, afectando a los sectores público, privado y civil.
Los riesgos en materia de seguridad cibernética que fueron denunciados incluyen desde malware, phishing y hackeos, hasta incidentes de fraude y extorsión, difamación, amenazas, robo de contraseñas, suplantación de identidad y acoso.