Demandan trasparencia sobre gasto fiscal en el sector rural

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El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados (CEDRSSA), planteó que el Gobierno Federal debería redoblar los controles y criterios de transparencia en el gasto fiscal, como ocurre en torno al gasto público directo.

El organismo añadió que se debería avanzar y complementar periódicamente el Presupuesto de Gastos Fiscales, con informes y análisis detallados sobre la eficiencia del gasto fiscal para sectores beneficiados a través de esa herramienta, como sucede en el caso del campo.

El estudio señaló que los gastos fiscales en el sector rural durante el periodo 2002-2015 representaron en promedio el 0.19 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el 3.48 por ciento de los gastos fiscales totales.

 
Indicó que la proporción que los gastos fiscales del sector rural significan en los gastos totales es similar a la que el sector primario aporta al PIB nacional que, durante el periodo referido, fue de 3.2 por ciento.

En el documento “Presupuesto de gastos fiscales 2015 y su incidencia en el sector rural”, el CEDRSSA reveló que estos egresos, a través de los cuales se financian políticas públicas, reflejan, en su mayoría, una tendencia a la baja.

Detalló que el renglón con más disminuciones en el periodo 2002-2015, fue el del Impuesto Sobre la Renta (ISR) empresarial, el cual se acentuó en 2014 al bajar 56 por ciento respecto a los tratamientos que recibían las empresas agropecuarias en 2013.

Esta situación se fundamenta en las modificaciones que sufrió la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que incorporó a los productores de mayores ingresos a un mecanismo de contribución general aplicable al resto de los contribuyentes, señaló.

Por su parte, el ISR para personas físicas refleja una tendencia a la baja del 2008 al 2011, y desde ese año muestra una recuperación para ubicar el presupuesto de gastos por este concepto como el mayor, en términos nominales, del periodo 2002-2015, con un monto de 3 mil 854 millones de pesos.

El CEDRSSA indicó que también destaca el comportamiento del acreditamiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de diésel al sector agropecuario y silvícola en el año 2015; este concepto constituyó el 21 por ciento de los gastos fiscales totales para el sector rural.

Mencionó que los gastos fiscales en el 2015 muestran el mayor incremento respecto al año anterior durante el periodo 2002-2015, con un aumento de 60 por ciento en términos nominales. En tanto, los gastos fiscales del sector rural en promedio, en ese mismo lapso, representaron el 3.5 por ciento de los gastos fiscales totales.

En 2015, los gastos fiscales rurales ascendieron a 13 mil 388 millones de pesos (mdp), y fueron ligeramente superiores a los fiscales de la tasa cero aplicada a medicinas (12 mil 999 mdp) y significaron el 7.3 por ciento de los gastos correspondientes a las tasas reducidas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) (182 mil930 mdp).

El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria argumentó que los gastos tributarios constituyen una de las herramientas que utilizan los gobiernos para financiar sus políticas públicas, pero deben estar sujetos a los mismos controles y criterios de transparencia que el gasto público directo, tal como lo recomiendan diversos organismos internacionales.

En México, dijo, es importante dimensionar los gastos tributarios para el sector rural, ya que anualmente se destinan importantes sumas de dinero tanto a través del gasto directo como mediante tratamientos preferenciales al campo.

Puntualizó que en este contexto, el gobierno podría avanzar y complementar periódicamente el Presupuesto de Gastos Fiscales (PGF) con análisis detallados sobre la eficiencia de los gastos fiscales para los distintos sectores beneficiados.

Esta situación contribuiría a transparentar las acciones de política económica en materia tributaria y con base en ello evaluar qué gastos fiscales funcionan y para cuáles vale la pena incurrir en pérdidas recaudatorias, así como cuáles podrían reducirse o ser sustituidos por instrumentos más eficientes de gasto directo, comentó.


CUADRO


CRÉDITOS AL CAMPO
La directora general adjunta de Promoción de Negoción y Coordinación Regional de Financiera Nacional, Catalina Bonnefoi Monroy, informó que al 30 de junio pasado, la colocación de créditos aumentó 40 por ciento y el saldo de la cartera se incrementó 37 por ciento para llegar a 34 mil 949 millones de pesos.

Precisó que la financiera redujo 3.0 por ciento sus gastos para lograr esa colocación, con lo que el costo por administración en carteras se redujo 20 por ciento, al primer semestre del año.

Con ello, destacó, y por primera vez en cuatro años, se alcanzó un incremento real del patrimonio de 3.0 por ciento y se mantuvo el límite de cartera vencida “bastante acotada” en 4.3 por ciento.

Catalina Bonnefoi señaló lo anterior en el marco de la presentación de los avances y resultados del sector agropecuario y pesquero, encabezada por el titular de la Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez.

Añadió que el incremento de la colocación del crédito se registra a lo largo de todo el país, sin embargo, en el sureste del país se otorgó un mayor porcentaje, lo que implica un incremento de 112 por ciento para esa zona.

En cuanto a los nuevos programas de financiamiento, refirió que al 30 de junio de este año, la financiera otorgó 26 mil 118 millones de pesos a 132 mil 588 productores en el sector primario con tasa de interés a un dígito.

También se dispersó 19 mil 400 millones de pesos a 41 mil 169 beneficiarios, de los cuales 24 por ciento son mujeres.

En lo que corresponde a pequeños productores, informó que al primer semestre del año se destinaron seis mil 700 millones de pesos y fueron 91 mil 419 los beneficiarios, de los cuales 26.4 por ciento son mujeres.

Bonnefoi Monroy resaltó que 85 por ciento de esos pequeños productores por primera vez tuvieron acceso a un crédito formal.

Todo ello, indicó, es resultado del nuevo programa de financiamiento para el campo, anunciado por el gobierno federal el pasado 20 de agosto, y cuya principal directriz es otorgar más crédito y más barato.

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