Con motivo de la discusión en el Pleno del Senado de la República sobre la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,el pasado 15 de marzo tuve oportunidad de emitir mi voto a favor deldictamen presentadopor las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, por las siguientes razones.
En primer lugar, el endeudamiento de los estados y municipios a nivel agregado resulta un riesgo latente para las finanzas del país. Los gobiernos locales han llegado a considerar la deuda bancaria como una alternativa natural para el financiamiento de su gasto de inversión, debido –en parte− a la débil captación de recursos propios y la continua dependencia de las transferencias federales.
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las diez entidades federativas que registraron mayor deuda pública en 2015 son: la Ciudad de México, Nuevo León, el Estado de México, Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo, Chiapas, Sonora y Michoacán.
Ahora bien, si se considera el monto de la deuda por habitante en cada entidad federativa, se observa que el Estado de Quintana Roo es el más endeudado −14,946.1 pesos por habitante, incluyendo niños, jóvenes, adultos mayores y hasta los recién nacidos−. Le siguen muy de cerca Coahuila, Nuevo León y Chihuahua.
El problema de la deuda subnacional en México no solo se presenta a nivel estatal, sino también en los municipios. De hecho, los municipios con mayor deuda en el 2015 fueron: Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Guanajuato, Gto., y Hermosillo, Sonora.
En consecuencia, y desde el punto de vista de la federación como un todo, un incremento en la deuda de uno de sus miembros aumenta el pasivo de la federación y reduce la solvencia de todos los gobiernos locales.
Sin duda, las instituciones financieras están cada vez más interesadas en financiar el sector subnacional en México; ello se debe a la certeza que da el marco regulatorio y al hecho de que la mayoría de los préstamos están respaldados por las participaciones federales.
En este contexto, voté a favor del dictamen porque considero que éste se adecua a la necesidad evidente de poner un límite al endeudamiento irresponsable y asegurar un manejo sostenible de las finanzas públicas de los estados y municipios de la República.
Voté a favor porque a través de este nuevo marco jurídico se fijan los principios generales en materia presupuestaria, de endeudamiento, transparencia, monitoreo y rendición de cuentas del uso de los ingresos y del ejercicio del gasto públicos en el nivel subnacional.
Con el sistema de Deuda Estatal Garantizada se crean incentivos para que las entidades federativas y los municipios estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y cumplan con la publicación de su información financiera. Dicho sistema permite a los gobiernos locales colocar los ingresos federales como garantía de sus créditos, a partir de un acuerdo con el gobierno federal.
Más aún, se prevé un régimen de sanciones aplicable a funcionarios públicos por malos manejos financieros, y se establecen parámetros para fincar responsabilidades a personas físicas y morales por daños o perjuicios provocados a las arcas públicas locales.
Finalmente, voté a favor del dictamen de las comisiones unidas del Senado, porque los legisladores sabemos que el endeudamiento responsable es un instrumento para financiar el desarrollo, a disposición de los gobiernos locales, pero si no existe una adecuada planeación o se presenta una mala administración, se pueden producir consecuencias lesivas no sólo a las finanzas de las entidades federativas o los Municipios, sino a las de todo el gobierno federal.
* Senador por Yucatán. Secretario de las comisiones de Juventud y Deporte, de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y del Instituto Belisario Domínguez; integrante de las comisiones de Turismo, Reforma Agraria y Bicameral del Canal del Congreso.