De acuerdo con la experiencia internacional, la falta de competencia en los mercados genera sobreprecios en los bienes y servicios. Para conocer este impacto y la efectividad de sus actuaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE o Comisión) realizó un análisis ex post para medir los efectos causados por una colusión (práctica monopólica absoluta) en el mercado del pollo de la Ciudad de México, realizada por diversos agentes económicos, la que se estima causó un daño a los consumidores de al menos 107 millones de pesos.
De acuerdo con el estudio, que hoy hace público la COFECE, durante 44 días –transcurridos entre 2008 y 2009- los consumidores de pollo de la ciudad de México pagaron un sobreprecio de 32.4%, que se generó a partir de un pacto entre competidores para imponer un piso mínimo en el precio de este producto. Una evaluación ex post tiene como objetivo cuantificar los efectos que surgen tras una intervención de la COFECE, una vez transcurrido el tiempo suficiente para que empresarios y consumidores se adapten a las nuevas condiciones (con competencia) del mercado.
Ésta se realiza con un enfoque académico y observando el mayor rigor técnico. El método consiste en estimar el comportamiento del precio si no hubiera existido la conducta y lo contrasta con el real observado por el bien o servicio objeto de la práctica prohibida por la ley. El caso analizado consistió en la celebración de acuerdos e intercambio de información entre competidores – Bachoco, Pilgrim’s, San Antonio, Tyson y Pollo de Querétaro, con la intermediación y ayuda de la Unión Nacional de Avicultores (UNA) – para establecer en diversos periodos, un precio uniforme en la venta del pollo, específicamente en mercados públicos y pollerías. Estas acciones anularon el proceso de competencia e impidieron a los consumidores acceder a precios más bajos y generaron ganancias extraordinarias a los agentes económicos coludidos.
Por lo anterior, el Pleno de la Comisión resolvió, en octubre de 2013, imponer una multa total por 132 millones de pesos a los agentes económicos y personas físicas involucradas, además de ordenarles suprimir la práctica. Los sancionados acudieron al Poder Judicial para interponer, cada uno por su parte, juicios de amparo respecto a esta decisión, los cuales aún se encuentran pendientes de resolución definitiva. Con la intervención de la Comisión, se evitó que estas conductas continuaran afectando el poder de compra de los consumidores y transfiriendo rentas extraordinarias en beneficio de las empresas coludidas.