Riesgo de rescatar deuda de estados y municipios no registrada ante la SHCP

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En términos generales la Ley de Disciplina Financiera recientemente promulgada tiene efectos positivos pero “podría representar un eventual rescate de la deuda que inconstitucionalmente haya sido contratada”, advirtieron organizaciones civiles.

Aseguraron que las obligaciones de pago no registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrían duplicar el monto de la deuda estatal.

Durante una reunión con la secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, la panista Minerva Hernández Ramos, los organismos precisaron en un documento que la amplia definición que se hace de “deuda pública” en los artículos 2, 22 y 34 de la Ley de Disciplina Financiera permitiría hacer un rescate de la deuda que no está registrada ante la SHCP, lo que ocasionaría que el monto de la deuda estatal pudiera pasar de 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al 6.5 por ciento.

En la reunión los representantes de México Evalúa, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, FUNDAR-Centro de Investigación y Análisis, IMCO, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y el abogado Rodrigo Diez, señalaron:

Se debe partir de la definición de “deuda pública” que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo en 2007 al resolver que la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora violaba el artículo 134 Constitucional, es decir, que cuando hay compromiso de recursos públicos se trata de deuda.

Alertaron que ninguna Cuenta Pública informa en qué se usa la deuda, por lo que solicitaron a la diputada Minerva Hernández legislar en este tema, ya que es fundamental vigilar a estados y municipios en este rubro. 

Consideraron necesario un monitoreo de todas las obligaciones que tienen las entidades y los ayuntamientos con la Ley de Disciplina Financiera. También, hicieron votos en favor de una mayor sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas locales.

Por su parte, la legisladora puntualizó que es fundamental tener un diagnóstico de la situación de la deuda pública para estados y municipios, así como construir una base de datos, con el propósito de tomar mejores decisiones en esta materia. 

Es prioritario contar con mayor información y aportaciones de la sociedad civil para enriquecer el trabajo legislativo relativo a deuda pública, fiscalización y rendición de cuentas, apuntó.

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