México necesita leyes que faciliten la operación de las empresas, la generación de riqueza y la incorporación de un número cada vez mayor de pequeñas y medianas empresas al padrón de proveedores del sector público federal, estatal y municipal.
La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) emitió un documento en donde expone que poco ayuda la acumulación de requisitos, exigencias y obligaciones que sólo complican la actividad de los agentes económicos.
La tarea que realizan los legisladores para definir el contenido y los alcances de las normas que regularán las actividades económicas es crucial para crear un ambiente que fortalezca al sector formal de la economía, premie el esfuerzo de empresarios y trabajadores e inhiba la informalidad.
Para lograrlo es preciso crear condiciones jurídicas y operativas que propicien confianza y certidumbre.
Cuando las normas que emanan del legislativo complican la operación de las empresas, generando confusión y acrecentando innecesariamente la carga administrativa que deben cumplir quienes deben concentrar su esfuerzo, labor y recursos para generar riqueza, atendiendo las exigencias de competitividad y calidad que exigen los consumidores mexicanos, es preciso hacer un alto en el camino para evaluar cuidadosamente el contenido de las leyes, escuchar la opinión de los agentes económicos y corregir aquello que complica en lugar de facilitar el desarrollo del país.
Nuestra institución siempre se ha pronunciado a favor de procedimientos que hagan más clara y sencilla la gestión de los ciudadanos ante las instituciones gubernamentales, porque estamos convencidos que ahí donde impera la dilación y el trámite engorroso y superfluo, florece la corrupción y la desconfianza.
Por eso expresamos nuestro reconocimiento al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por su disposición al diálogo y su compromiso a favor de un Gobierno cercano y sensible a la opinión de los sectores sociales.
El veto a los incisos b) y c) del artículo 32 y a otros 15 artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativa, es una decisión acertada y oportuna, porque hará la vida más sencilla a las empresas y facilitará el aprovechamiento de las adquisiciones y obras públicas, en momentos en los que debemos impulsar la reactivación.