El Consejo Coordinador Empresarial, que preside Juan Pablo Castañón, delineó lo que a juicio de ese organismo son los claroscuros del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, a cuatro años de su gestión.
En un comunicado, el CCE precisó que el 1º de septiembre, como cada año en México, es momento de hacer un corte de caja sobre el estado de la nación en el marco del informe presidencial. Máxime ahora, a dos años de que concluya el sexenio, con múltiples retos y pendientes por atender.
En el análisis, hay avances indiscutibles, pero también desafíos enormes por enfrentar y áreas con problemas crecientes, en las que no se ha logrado un avance o, peor aún, se registra algún grado de deterioro.
El principal activo de este sexenio sin duda, es su impulso reformador. México había dado pasos fundamentales en materia económica y democrática, pero hacían falta reformas estructurales que nos permitieran dejar atrás las inercias. Por décadas, fueron políticamente imposibles de lograr.
Hasta ahora, este sexenio ha dejado 11 reformas de gran calado que dan a México un renovado rumbo, de gran potencial: Laboral, Educativa, nueva Ley de Amparo, Reforma Financiera, Transparencia, Reforma Política, Telecomunicaciones y radiodifusión, Energética, Competencia económica, Código Penal Federal y Sistema Nacional Anticorrupción.
Sin embargo, los cambios en el Congreso son sólo la mitad de la tarea de reformar al país; la otra está en su propia implementación y la aplicación efectiva, y lo mismo aplica para todas las demás leyes. México ha tenido éxito como un país que inicia reformas, pero para completar el proceso necesita ser un país donde la legalidad sea principio rector de la vida pública, en las leyes y en los hechos. El estado de derecho es condición indispensable para que las reformas funcionen y perduren y logren sus objetivos.
Cualquier reforma o iniciativa de transformación corre el riesgo de no cumplir sus objetivos, si se implementa en un marco donde hay corrupción, inseguridad pública, falta de certeza jurídica, discrecionalidad en la aplicación de la ley, inconsistencia entre lo que se planea y se anuncia y lo que resulta en la práctica. O incluso las reformas pueden ser reventadas por coyunturas políticas o sociales, con intereses particulares y subversivos o por un ambiente de ingobernabilidad.
Ahí radica el mayor reto de México: el Estado de derecho democrático, el gran reto y la causa del gran déficit de confianza institucional y social que hoy tenemos, el cual socava la cohesión social y el desarrollo nacional en los más diversos ámbitos.
Desde fines de 2014 se han presentado sucesos que nos recordaron trágicamente la profundidad del desafío que tenemos en nuestro país, en materia de legalidad, justicia y seguridad.
Afortunadamente, se han abierto caminos para el cambio, como lo son el Sistema Nacional Anticorrupción, la reforma de transparencia y el desarrollo del nuevo sistema de justicia penal. Sin embargo, no hay que bajar la guardia.
En lo que atañe a la economía, el crecimiento anual sigue estando muy lejos de las tasas que requerimos, de 5% o más.
El promedio en el sexenio ha sido inercial: solo del 2.1%, el mismo que en el sexenio previo e inferior al promedio de los últimos 20 años, que es del 2.5%.
Frente a ello, uno de los mayores logros es la contención de la inflación: una de las más bajas de nuestra historia, por debajo del 3% anual desde febrero del 2015. En gran parte gracias a ello, el poder adquisitivo, en términos del salario mínimo real, creció el 8.2% desde finales del 2012 a la fecha. De esta forma, el mercado interno ha mantenido una tendencia positiva, que ha sido el motor emergente ante la debilidad del mercado externo.
No obstante, aunque se crearon hasta ahora casi dos millones de empleos, la economía no ha sido capaz de impulsar un abatimiento de la pobreza.
Se ha conservado la estabilidad macro, pero existen variables que preocupan cada vez más y que demandan atención y ajuste: en particular el aumento del déficit y de la deuda pública. La deuda total del Sector Público creció el equivalente al 10.5% del PIB. Este es el principal riesgo que hay que corregir en la fase de cierre de la administración.
La causa directa es el déficit primario que tenemos desde el 2008 a la fecha, y que se incrementó 124% en esta administración: 97,500 millones de pesos. Todo esto ha tenido implicaciones en otros fundamentos económicos, como la cuenta corriente.
Las reformas estructurales abren una cancha muy importante de desarrollo, una gran oportunidad, pero hay que consolidarlas y el escenario inmediato y de mediano plazo es complicado, el cual tenemos que enfrentar con solidez y decisión. Además, subsiste el reto de tener un sistema tributario acorde a las necesidades de México, así como una reingeniería completa y de fondo al gasto público.
En materia de seguridad pública, desde el arranque del sexenio se instrumentaron varios cambios de carácter institucional, principalmente con fines de mejorar la coordinación en la materia. No obstante, no ha habido una variación significativa ni en la incidencia delictiva, ni en percepción de inseguridad en la ciudadanía, que acaba de registrar su peor nivel desde el 2013. Lo mismo aplica para la impunidad, que permanece en niveles superiores al 97 por ciento.
Según datos oficiales, la violencia repuntó en julio contra el mismo mes del 2015: homicidios 26% y secuestro 37%.
Algunas zonas donde recientemente se padeció un entorno de violencia intolerable han tenido un mejor escenario sin duda, pero en otras no ha habido mejoría y en algunas desafortunadamente se ha recrudecido la problemática.
Se requiere, mayor inversión y con inteligencia en materia de seguridad, porque en general la inseguridad pública se mantiene como el problema más delicado del país, y seguimos lejos de resolver las causas estructurales, todavía con el Ejército cumpliendo funciones emergentes que deberían hacer nuestras policías.
Afortunadamente, también en este rubro hay importantes avenidas para avanzar, como el propio sistema anticorrupción, la reforma pendiente en materia de mandos policiacos y la transformación que tiene lugar en materia de administración de justicia.
Quedan dos años en esta administración, que serán fundamentales para asegurar que las reformas que se han logrado, en el marco del modelo de la democracia y una economía moderna, tengan viabilidad y proyección, para beneficio de más personas, de México.
La clave es la implementación efectiva y la reforma pendiente que más urge, más que en nuevas leyes, en la realidad política, económica y social: ser efectivamente un país de leyes e instituciones.