La Ley de Ingresos de Hidrocarburos es en respuesta al fracaso de la reforma energética y está destinada a otorgar mayores beneficios fiscales a las grandes empresas trasnacionales, con el fin de que inviertan en el sector, aseguró el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro.
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que figura en el Paquete Económico 2017, y lo turnó al Senado de la República para su eventual ratificación.
“Ante la ausencia de grandes empresas y las grandiosas inversiones que el Ejecutivo anunció, ahora la intención es flexibilizar el régimen fiscal de los contratos, todavía más”, dijo la coordinadora del grupo político, Rocio Nahle García.
Añadió que los cambios a los Artículos 13 y 10 son una forma de evadir la regalía que tanto les molesta a las empresas ganadores y a las aspirantes a explotar un bloque petrolero.
Es tan evidente el fracaso, que a pesar de entregar campos maduros listos para producir y con instalaciones que los ganadores no han pagado todavía, se les permite pagar menos regalía y deducir más por concepto de ISR, como lo establece el Artículo 32.
Miren compañeros, la producción viene cayendo, las refinerías están trabajando al 45 por ciento de su capacidad, la producción petrolera la tiene contemplada para un millón 920 mil barriles por día.
Que quede claro que la apertura no es fracaso sólo por los precios bajos del barril del petróleo del mercado internacional. Es un fracaso porque le han impulsado un Estado débil y corrupto que se ha dedicado a debilitar a su empresa petrolera.
El dictamen surge de una iniciativa del Ejecutivo que modifica y adiciona disposiciones a los artículos 3,10, 32, 41 y 42; y de una adenda propuesta por la Comisión de Hacienda y Crédito Público para reformar el precepto 63 de la legislación.
Se reformaron los artículos 41 y 42 para incorporar el beneficio fiscal que permite flexibilizar las reglas a los asignatarios (empresas petroleras) relativas a la determinación de los límites de deducción para la producción de petróleo y gas asociado, conforme a las características del área de extracción terrestre y marina, con tirantes de agua menores a 500 metros.
Con la modificación al artículo 3 se cambia la definición de “mecanismo de ajuste”, en los contratos otorgados para exploración y extracción de hidrocarburos, para determinar condiciones económicas relativas a los términos fiscales de los contratos que se adecuen mejor a las características de proyectos.
El artículo 10 tiene la finalidad de incorporar, para los contratos de licencia, un esquema flexible que permita diseñar un mecanismo de ajuste más sencillo, ya sea a través de la modificación de la tasa aplicable sobre el valor de los hidrocarburos, o del monto final de la contraprestación que resulte de la aplicación de dicha tasa.
Las reformas al precepto 32 proponen otorgar mayor flexibilidad para que las empresas puedan amparar, por separado, sus gastos al momento de expedir comprobantes fiscales, relativos a contratos para exploración y extracción de hidrocarburos con otros consorcios.
La reforma al artículo 63 propone dar facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que realice visitas de inspección y no sólo auditorías, a quienes tengan contratos de exploración y extracción de hidrocarburos.
Al fundamentar el dictamen en tribuna, el diputado Herminio Corral Estrada (PAN), secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, comentó que se requiere de una mayor flexibilidad en el régimen tributario aplicable.
“(La flexibilización) es una condición de certidumbre financiera que permitirá a las empresas productivas del Estado, una operación más eficiente y segura en las áreas de asignación, bajo las nuevas condiciones de volatilidad en el mercado internacional de hidrocarburos”, expresó.
Apuntó que el nuevo régimen fiscal, para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, incorporó los mecanismos más eficaces que promueven el desarrollo de la industria petrolera, trayendo como consecuencia inversiones que incrementarían los ingresos petroleros en beneficio de la nación.