México puso bajo la lupa a empresas del sector energético, minero y de telecomunicaciones para determinar si cumplen adecuadamente sus obligaciones fiscales tras los cambios derivados de una serie de reformas impulsadas por el presidente Enrique
Peña Nieto al principio de su mandato.
Osvaldo Santín, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo que las autoridades también están en contacto permanente con firmas de la industria automotora, que opera con pequeños márgenes y posee extensas cadenas de suministro globales, dificultando el cálculo de la carga fiscal correcta.
"Gran parte de los sectores que están siendo complicados en este momento son aquellos cuyo marco jurídico se transformó (...) y eso tiene un espejo en el cumplimiento de las obligaciones fiscales", comentó el funcionario en una entrevista con Reuters.
"Lo que estamos haciendo es propiciar este acercamiento que nos permita entender cómo estas transformaciones profundas en el negocio se están reflejando en el valor que están generando estas empresas y cómo eso se refleja en el monto de sus obligaciones", añadió, sin ofrecer nombres de las firmas sometidas a escrutinio.
Con la reforma energética, el Gobierno abrió la entrada de capitales privados a la industria de los hidrocarburos, otrora controlada por la estatal petrolera Pemex, mientras que la reforma de telecomunicaciones permitió la entrada de nuevos actores al mercado, dominado en el ramo de telefonía por empresas del magnate Carlos Slim.
México además introdujo nuevas regalías a la actividad minera con la reforma fiscal, aunque Santín reconoció que algunas de las principales firmas del sector han reducido el pago de derechos, como informó Reuters a mediados de mayo.
"Es algo que estamos también revisando con ellos para entender que es lo que hay detrás de esta disminución y si no es satisfactoria la respuesta tendremos que iniciar el ejercicio de facultades, si no es que de manera voluntaria llevan a cabo la autocorrección", comentó.
El organismo tributario recaudó en 2016 un dos por ciento más que en 2015 por concepto de fiscalizaciones -auditorías a personas y empresas- lo que representó el equivalente a unos 7,743 millones de dólares.
El funcionario también dijo que el SAT analizaba extender por más tiempo un programa impulsado por Peña Nieto para estimular el regreso de capitales no declarados desde el extranjero, que termina en julio.
"Hasta que no tengamos claridad respecto realmente de cuál es la necesidad de esta prórroga no estaríamos autorizándola, lo que necesitamos ver es efectivamente cual sería el beneficio en términos de recursos adicionales que estarían regresando si el plazo se amplía", explicó.
Se espera que el programa, que hasta principios de abril había recaudado alrededor de 215 millones de pesos en ingresos tributarios, genere unos 10,000 millones de dólares en inversión.