Oaxaca de Juárez, Oax., a 06 de junio de 2019 • Estará orientada al
cumplimiento de metas y enfocada en los rubros más relevantes de gasto y más vulnerables a la corrupción.
• La LXII Reunión Nacional de Contralores Estados-Federación 2019 se desarrolla en la ciudad de Oaxaca.
La Secretaria de la Función Pública, Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, expuso ante los contralores de todo el país una nueva arquitectura de fiscalización para combatir la corrupción, basada en la estricta verificación del gasto ejercido en obra pública, de las medidas de austeridad, de los procesos de adquisición y de los convenios entre la federación y los gobiernos estatales y municipales.
Al inaugurar en la ciudad de Oaxaca de Juárez la LXII Reunión Nacional de Contralores Estados-Federación 2019, con la presencia del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y del Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, la Secretaria Sandoval Ballesteros detalló que la verificación del gasto ejercido en obra pública se realizará sobre un monto fiscalizable de 370 mil millones de pesos, según lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Abundó que se revisarán los procesos de adquisiciones, con un presupuesto por auditar de 275 mil millones de pesos, en los que la Función Pública tiene un papel estratégico por su responsabilidad de emitir la política de fiscalización, dar el visto bueno a la política de contrataciones públicas y proveer la información de las personas físicas y morales que han sido sancionadas.
También se fiscalizarán los mecanismos administrativos vulnerables, como fideicomisos y proyectos de asociación público-privada, que constituyen los vehículos de gasto con mayor opacidad.
Además, se verificará de manera rigurosa el cumplimiento de las disposiciones legales, con énfasis en las medidas de austeridad, para cuidar el debido ejercicio de los recursos públicos y el desempeño de los programas gubernamentales.
Asimismo, dijo que se garantizará la correcta fiscalización de la situación financiera de la Administración Pública Federal a través de la coordinación, para que despachos externos rigurosamente elegidos dictaminen los estados financieros con los mayores estándares de calidad.
Por último, se cuidará el cumplimiento de los convenios entre la Federación y los gobiernos estatales y municipales, tarea que es acompañada por las 32 contralorías de las entidades federativas para fiscalizar el debido ejercicio de los recursos públicos.
Destacó que en este rubro ya se tienen resultados, ya que se ha determinado un monto de casi 20 mil 300 millones de pesos que los gobiernos locales deberán reintegrar al erario federal por no haber sido aplicados a los fines previstos en los programas, así como 6 mil 331 millones de pesos por presuntas faltas administrativas.
La Dra. Sandoval Ballesteros, también presidenta de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, manifestó que para alcanzar estos objetivos es necesario acabar con “la ineficacia deliberada de la administración pública, derivada de la captura de cargos y presupuestos para fines privados y del uso oscuro y negligente de las atribuciones y del presupuesto”.
Explicó que dicha ineficacia se traduce en el incumplimiento de los objetivos y metas del gobierno, por lo que la fiscalización debe dirigirse al desempeño de servidores públicos y la evaluación de políticas públicas con un sistema integral de rendición de cuentas basado en el suministro proactivo de información relevante a la ciudadanía.
Ante los contralores del país, consideró que la honestidad puede ser la tabla de salvación de México y debe ser un hábito de la conducta institucional como principio rector de la gestión pública, y refrendó los ejes rectores de la institución a su cargo en el combate a la impunidad y la corrupción.
Resaltó que en los primeros seis meses del actual gobierno la Función Pública logró, en el combate a la impunidad, iniciar más de 6 mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas e imponer más de 400 inhabilitaciones, y se han aplicado 111 sanciones económicas por un monto superior a los 657 millones de pesos, además de que se encuentran en trámite 50 más.
En la reunión participan también Roberto Salcedo Aquino, Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública; Dálida Acosta Pimentel, Titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción, y José Miguel Macías Fernández, director general de Auditorías Externas, todos ellos de la Función Pública.