• Es el primer esfuerzo del Gobierno Federal por utilizar un registro de proveedores
íntegros para prevenir la corrupción en las contrataciones públicas.
• Ofrecerá un distintivo a empresas que, más allá de cumplir la ley, ayuden a construir una sociedad más honesta.
• Estuvieron presentes dirigentes los sectores empresariales y académico del país.
El motor más poderoso de la economía es el combate a la corrupción, y en esta cruzada es indispensable la participación del sector privado, porque la integridad es obligación de los servidores públicos, pero también responsabilidad de empresarios y ciudadanos, afirmó la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, durante el lanzamiento del Padrón de Integridad Empresarial.
Con este padrón, la Función Pública ofrecerá un distintivo a las empresas que no sólo cumplan la ley, sino que además contribuyan activamente a construir una sociedad más honesta; a quienes se comprometan con estándares éticos y promuevan su cumplimiento entre sus trabajadores y proveedores.
Se trata del primer esfuerzo del Gobierno Federal por utilizar un registro de proveedores íntegros para prevenir la corrupción en las contrataciones públicas, una de las áreas más vulnerables a ese flagelo, en lugar de limitarse a listas negras de empresas sancionadas, señaló la titular de la Función Pública ante el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza; la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, y la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro Sánchez, así como dirigentes de las cúpulas empresariales.
Abundó que el objetivo del padrón-distintivo es ofrecer incentivos positivos para promover la integridad y tomar medidas preventivas, y no sólo reactivas, en el combate a la corrupción. “Este distintivo creará un nuevo puente entre los sectores público y privado, para que ambos nos sumemos a la lucha contra la corrupción”, reafirmó.
Detalló que, en una primera etapa, se desarrollará una plataforma tecnológica, se impulsarán cambios normativos y se incorporará al padrón a las empresas de un sector vulnerable frente a la corrupción en contrataciones públicas.
En una segunda etapa, explicó Sandoval Ballesteros, se utilizará el distintivo en las contrataciones públicas, y, finalmente, se evaluarán los resultados para mejorar y escalar el proyecto a otros sectores o ramas de la industria, los servicios y el comercio.
Subrayó que la corrupción genera anualmente pérdidas millonarias al país y a las empresas, en menoscabo del empleo y la inversión, y refirió que según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 57% de los sobornos en el mundo se dieron para obtener algún contrato con el sector público.
Recordó que en México privaba el intercambio de favores ilícitos entre funcionarios de gobierno y contratistas. “Los empresarios fueron tanto víctimas como victimarios de la corrupción. Era común que se violaran los plazos mínimos marcados por la ley para la presentación de propuestas o la asignación de contratos, a lo que se sumaban sobreprecios, sobornos y hasta evasión de impuestos, además de que se extorsionaba a proveedores para otorgarles un contrato o pagarles a tiempo”, dijo.
Indicó que, en este esquema de corrupción, la Inversión Fija Bruta del gobierno en la administración pasada fue la más baja en 70 años; las mejores empresas perdieron proyectos frente a las más corruptas y se dañó la competitividad económica, al grado de que, entre 2013 y 2018, México se estancó en el lugar 62 del índice de infraestructura del Foro Económico Mundial.
En lo que va de esta administración, manifestó, las contrataciones públicas han cumplido sus plazos normativos y el monto contratado a través de licitaciones públicas aumentó, mientras que las adjudicaciones directas se redujeron en 30%, con respecto al mismo periodo del año pasado.
“Así como nosotros estamos trabajando, confiamos en que el sector privado también pondrá su parte, porque para lograr una nueva ética pública necesitamos que las empresas, nacionales e internacionales, grandes y pequeñas, asuman un compromiso con la integridad”, señaló.
Advirtió que ya no se puede excluir al sector privado de disciplinas de control que garanticen la integridad en las contrataciones públicas, y el Padrón de Integridad Empresarial permitirá reconocer y premiar a las empresas que quieran ser ejemplo de honestidad.
Por su parte, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, propuso añadir al distintivo de integridad la posibilidad de que las empresas que cumplan con el puntaje requerido accedan de manera preferente a créditos y capital.
Las compras de Gobierno, consideró, pueden ser un motor para la economía y si a ellas se suman las pequeñas y medianas empresas se generaría un crecimiento más rápido.
En este proyecto de la Función Pública participan dependencias y entidades como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con referencia a obligaciones fiscales; los institutos Mexicano del Seguro Social y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con datos sobre cumplimiento de obligaciones patronales, y la Oficialía Mayor de Hacienda, con información del Sistema Nacional de Compras.
Al evento, realizado en el Auditorio “Elvia Carrillo Puerto” de la Secretaría de la Función Pública, asistieron los presidentes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, y de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), José Enoch Castellanos Férez, y Jorge Treviño, en representación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.
Asimismo, estuvieron los representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Lorenzo Jiménez de Luis, y de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, Antonino de Leo.
Con el lanzamiento del Padrón de Integridad Empresarial, la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, cumple su compromiso con el combate a la corrupción y a la impunidad, y ofrece una herramienta fundamental para la construcción de una nueva ética pública en el México.