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La Cámara de Diputados aprobó, con 421 votos a favor, cero en contra y 25
abstenciones, reformar el artículo 28 de la Constitución Política para establecer que en el país quedan prohibidas las condonaciones de impuestos, en los términos que fijan las leyes. Se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
 
El dictamen, derivado del análisis de las iniciativas del Ejecutivo federal y de la diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI), señala que la reforma permitirá disminuir las pérdidas fiscales de la hacienda pública, lo que redundará en mayor recaudación y disponibilidad de recursos para el despliegue de programas gubernamentales que incidan positivamente en el desarrollo nacional.
 
El objetivo es desmantelar los esquemas generados para el favorecimiento de grandes contribuyentes por vía de la condonación de sumas cuantiosas, bajo el amparo de una laxa regulación legal y de múltiples lagunas jurídicas que permiten un amplio arbitrio gubernamental.
 
Por ello, indica, se propone “acabar con una insana” práctica del poder público que se ha utilizado como vehículo para configurar auténticos fraudes fiscales en perjuicio de la nación. Se trata de contribuir, de carácter permanente, en la inhibición de cualquier trato preferencial que se ha otorgado a lo largo del tiempo.
 
En sus artículos transitorios se establece que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco jurídico en la materia, a fin de adecuarlo al contenido de este decreto en un plazo que no excederá de un año a partir de su entrada en vigor.
 
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Miroslava Carrillo Martínez, externó que la condonación de contribuciones puede afectar el interés general al otorgarse en forma desmedida a los sujetos obligados, provocando desequilibrio entre los ingresos y los gastos públicos.
 
Refirió que esta práctica ha causado un quebranto en los ingresos financieros del Estado, además de provocar desequilibrio en la carga fiscal que recae en el conjunto de la sociedad y en detrimento de los contribuyentes cumplidos.
 
Según datos del Ejecutivo, añadió, en los dos últimos sexenios se condonaron 400 mil 902 millones de pesos a sólo 153 mil 530 contribuyentes. Gran parte de las condonaciones que se permitieron de 2007 a 2018 se otorgaron de manera generalizada, sin considerar el principio fiscal de rectoría económica y justicia tributaria para corregir una afectación. Resaltó que los principales beneficiarios ha sido un pequeño sector de la sociedad, que en su mayoría se integra por grandes empresas.
 
Con la reforma, dijo, se busca establecer un diseño constitucional e institucional que permita garantizar que futuras administraciones sean ajenas a la tentación de otorgar condonaciones que derivan en la violación de los principios de equidad y proporcionalidad tributarias y, por tanto, perjudican el desarrollo nacional.
 
Al fijar su posicionamiento, el diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) dijo que las condonaciones no están prohibidas expresamente en la Constitución, pero como no están autorizadas para que el Ejecutivo las pueda conceder, “entonces están prohibidas” porque la autoridad no puede realizar actos a los que no esté facultado.
 
Explicó que una condonación de impuestos es la cancelación de un adeudo y consideró que esta Legislatura tendrá que expedir leyes que persigan prácticas indebidas relacionadas con las exenciones y las condonaciones.
 
Por el PAN, el diputado Marcos Aguilar Vega estimó urgente dar solución a los daños que las condonaciones han causado a las finanzas públicas bajo figuras como la exención de impuestos, por lo que anunció su voto a favor para dar solución al tema de las condonaciones, “toda vez que existe un problema histórico de conceptualización”.
 
Consideró que se necesita un cambio en el manejo de la política fiscal que garantice a los contribuyentes que sus derechos están resguardados por la Constitución. El objetivo de fondo de la reforma es aplicar el principio de equidad y proporcionalidad tributaria cuando se trate de la dispensa de impuestos.
 
La diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) consideró que con este dictamen se deja sin facultades al titular del Ejecutivo para cumplir con su obligación; por eso es indispensable que todas las condonaciones debido a catástrofes naturales estén reguladas expresamente y bajo el escrutinio público. “Arreglemos la Constitución, son tres artículos: 28, 74 con una fracción cuarta y 89 con una fracción XX, ¿no podemos estar a la altura del debate constitucional?”
 
Llamó a dejar los remedios inútiles y evitar pensar que se trata de agregar palabras y prohibiciones en la Constitución; más bien, se debe entender que los temas de condonación de impuestos deben arreglarse íntegramente en la Carta Magna.
 
Del PT, Gerardo Fernández Noroña expresó que el país tiene un sistema tributario regresivo; mientras menos ganas, más pagas, y hay un sector que no paga sus impuestos. “Es monstruoso que haya un sector de la sociedad que tiene más de cinco mil millones de pesos de fortuna personal y no paga sus impuestos. Hay 16 personas que concentran la riqueza del país con 143 mil millones de dólares”.
 
El Partido del Trabajo apoya esta reforma porque se acelerará el proceso de revolución sin violencia y porque es absolutamente criminal que quienes son más beneficiados por el sistema económico no paguen impuestos.
 
La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (MC) consideró que la redacción del dictamen deja una ambigüedad en la Constitución y elimina uno de los mecanismos que se pueden utilizar para reactivar las economías locales; ante ello, agregó, se propone una redacción que elimine el abuso del que han sido objeto las arcas nacionales, pero sin perder una de las herramientas de apoyo a las zonas que se vean afectadas por alguna contingencia de protección civil o económica. Esto puede lograrse con el cambio de una preposición, porque es necesario matizar la redacción.
 
“Creemos que es pertinente y viable impulsar una alianza entre el gobierno y la oposición para poner un alto a la corrupción. Votaremos a favor de eliminar el desaseo que había en la ejecución de este mecanismo y terminar con la discrecionalidad tributaria. Haremos reservas para que el texto quede claro y no contravenga técnicamente la Constitución”.
 
Eudoxio Morales Flores, diputado del PES, señaló que la absolución de impuestos en los últimos dos sexenios ascendió a 400 mil 902 millones de pesos. “Es un dinero que se generó en México y se tiró a la basura; era de la nación y arbitrariamente no se recaudó por cuestiones de privilegios fiscales”.
 
Indicó que con ese monto se pudo haber pagado un año en el gasto de la educación pública; tres años en materia de seguridad; cuatro del sector salud, y seis del gasto de agricultura y desarrollo social. “La condonación hizo más grandes las desigualdades. No más indultos en la política fiscal; optimicemos los medios de recaudación; hagamos más fácil y accesible el pago de las contribuciones y no permitamos el sobreendeudamiento”.
 
Por el PVEM, el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar dijo estar a favor, porque es necesario que una obligación constitucional se encuentre regulada y desarrollada en las leyes secundarias. Además, no desaparecen las condonaciones, pero se busca evitar el ejercicio discrecional. “No se trata de una prohibición absoluta. De haber sido así la intención del legislador no se hubiera mantenido el régimen vigente para las exenciones y ahora para las condonaciones”.
 
Resaltó que la reforma abona a la rendición de cuentas, al acceso a la información, a la transparencia y a toda esa serie de derechos fundamentales y obligaciones. “Estamos convencidos de que las leyes que día a día discutimos deben cumplir con el mandato de regular el ejercicio de las facultades de los poderes, especialmente del Ejecutivo. Con esta reforma el Poder Legislativo aportará una disposición legal más en el camino del ejercicio correcto del poder”.
 
La diputada Mónica Bautista Rodríguez (PRD) mencionó que un estudio del Centro de Análisis Fundar, revela que de 2007 a 2018 se identificaron 628 mil 937 millones de pesos por concepto de condonaciones de deudas y créditos fiscales, de los cuales 54 por ciento se concentraron en 108 contribuyentes, que corresponde a 58 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. De estos, 45 se ampararon para evitar que se conocieran sus nombres.
 
Consideró correcto que el dictamen establezca en el marco constitucional, la prohibición de indultos fiscales, pero parece insuficiente al remitirse a la ley. Hizo votos por que se incluyan las condiciones mínimas que tendrán que acompañar las propuestas de absolución; que sean debidamente fundamentadas por condiciones mínimas que prevea la Constitución y no sólo la remisión a la ley; sean remitidas del Ejecutivo al Congreso y sancionadas por éste, y sujetas a los principios del artículo 6º constitucional y las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública.
 
El diputado Mario Delgado Carrillo (Morena) señaló que el fondo de la reforma a la Constitución es que no exista “nunca más el que un Presidente de la República pueda dar condonaciones, favores fiscales a los grandes empresarios”. Precisó que esta propuesta forma parte de “la promesa de separar el poder político del poder económico y de construir un nuevo modelo de desarrollo”.
 
Al hablar a favor, el diputado Alan Jesús Falomir Sáenz (MC) señaló que se debe cumplir en la práctica el mandato constitucional; señaló que el Ejecutivo no tiene la facultad para condonar total o parcialmente impuestos y es el Poder Legislativo el encargado de activar la prerrogativa jurídica. “En México, en la última década, se estima que el gobierno federal dejó de recibir, aproximadamente, 400 mil millones de pesos por exentar de impuestos a diversas empresas, televisoras, farmacéuticas, automotrices, entre otras”, refirió.
 
En contra, la diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) mencionó que la condonación de impuestos que se discute, deja numerosas dudas ya que se puede acabar con la facultad presidencial para atender situaciones de emergencia nacional; “si se aprueba en los términos que se encuentra redactado, toda posibilidad de condonación quedará cancelada; “si de verdad se quiere acabar con esta problemática, reformemos el 74 Constitucional, fracción tercera, y prohibámonos que en la Ley de Ingresos se apruebe cualquier tipo de condonación”, señaló.
 
Por Morena, la diputada Dolores Padierna Luna resaltó que es fundamental que en la Constitución quede prohibida esta figura, ya que en ocasiones se ha favorecido a contribuyentes incumplidos; se actúa con preferencia y amiguismo, y quienes se benefician son las grandes empresas y las personas físicas. “Representan enormes pérdidas para el erario”.
 
La diputada Soraya Pérez Munguía (PRI) dijo estar a favor de la eliminación de la amnistía fiscal, siempre y cuando se garantice su viabilidad. “Se pretende ponerle una camisa de fuerza al Presidente de la República y a los estados”. Además, pidió apostarle a la transparencia y actuar conforme lo establece el artículo 6º constitucional, y prever las excepciones.
 
Lidia García Anaya, diputada de Morena, consideró fundamental tener igualdad y equidad en el pago de impuestos, e hizo votos para contar con una norma que separe el poder político del económico. “Estamos a favor de prohibirla totalmente, pues se ha favorecido solamente a un pequeño grupo de poder económico”.
 
El diputado del PT, Silvano Garay Ulloa calificó como histórico este día, pues se paga una deuda con el pueblo de México. “Hoy el Ejecutivo federal ha tenido la valentía y congruencia de que todos paguemos impuestos de igual forma, así como salario para trabajo igual”.
 
Patricia Terrazas Baca, legisladora del PAN, afirmó que coinciden en que se debe elevar a rango constitucional los límites que ya existen en la legislación federal para establecer prácticas de exención y condonación de impuestos, eliminando así suspicacias “en relación a que se han otorgado por medio de decisiones arbitrarias que nada abonan a la justicia. Acción Nacional está a favor, porque el dictamen permite perfeccionar el marco jurídico”.
 
De Morena, el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona mencionó que 54 por ciento del monto total de las dispensas fiscales del sector privado se concentró en 108 contribuyentes a quienes se les condonaron 213 mil millones de pesos; son empresas entre las que destacan el sector automotriz, telecomunicaciones, constructoras, acereras, cerveceras, inversionistas y de futbol. “Con esto, el Presidente en turno ya no podrá mediante privilegios discrecionales ayudar, en perjuicio directo del Estado, a sus amigos o empresarios. Se busca combatir las malas prácticas”.
 
Reserva
 
Se aceptó la reserva presentada por diversos grupos parlamentarios para modificar el artículo 28 y cambiar la palabra “bajo” por “en”, y precisar que quedan prohibidas las condonaciones y las exenciones de impuestos “en” los términos y condiciones que fijan las leyes.
 
Al hablar en contra de la reserva, la diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) consideró que agregar una palabra a dicho artículo no resuelve en nada el tema de cómo transparentar los supuestos de excepción en los que necesitan considerarse decisiones por catástrofes naturales y hacerlas públicas y transparentes.
 
La diputada Martha Tagle Martínez (MC) aseveró que es muy importante dejar claramente evidenciada la prohibición de condonaciones de impuestos y que la exenciones requieren ser contenidas en los términos y condiciones de la ley.
 
En tanto, la diputada Mónica Almeida López (PRD) indicó que las exenciones fiscales necesitan regularse, no solamente en su establecimiento genérico sino en sus condiciones y circunstancias en que procedan. 

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