La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que combate a las empresas

fantasma y la defraudación fiscal con facturas falsas..

Considera como amenaza a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal, los cuales ameritan prisión preventiva oficiosa. Incluye en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada al contrabando, la defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

 

El documento, avalado en lo general y en lo particular los artículos no reservados, por 318 votos a favor, 121 en contra y tres abstenciones, y enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, así como de los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y del Penal Federal.

 

Establece como delito la defraudación fiscal, cuando el monto de lo defraudado supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que actualmente contempla $2, 601, 410.00.

 

Se indica que los criterios de oportunidad del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales serán procedentes en el caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración que será este último quien estará obligado a reparar el daño.

 

Del Código Fiscal de la Federación se deroga la fracción III del artículo 113, y se reforma el 113 Bis, en el cual se indica que se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión, a quien por sí o interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos simulados.

 

Además, será castigado con las mismas penas, al que sabiéndolo permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos simulados.

 

Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, en adición a la agravante señalada en el artículo 97 del Código Fiscal.

 

De igual manera, se refiere que se requerirá querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proceder penalmente por este delito. Y el delito previsto en este artículo, así como el dispuesto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, relativo a operaciones de procedencia ilícita, se podrán perseguir simultáneamente.

 

Al fundamentar el dictamen, el diputado Marco Antonio Medina Pérez (Morena) subrayó que el objeto primordial es combatir la defraudación fiscal. “Supondrá el reforzamiento en la participación de distintas instituciones del ámbito federal en la solución a un problema de suma gravedad que se ha gestado durante muchos años, y que ha socavado la base fiscal del Estado y representado un peligro para la seguridad nacional”.

 

Indicó que sólo el negocio criminal de las facturas falsas puede ascender a más de 300 mil millones de pesos al año, lo que equivale al 5 por ciento de los ingresos del Gobierno federal, y el cálculo que han compartido las autoridades fiscales es de 1.6 billones de pesos que de 2014 a 2019 no han llegado a las arcas públicas.

 

Añadió que la proporcionalidad de la reforma va en función de la gravedad que se enfrenta. “A grandes problemas, grandes remedios; estamos ante la oportunidad de enfrentar un problema de la mayor gravedad para las finanzas públicas”.

 

Enseguida, el diputado Rubén Cayetano García, también de Morena, reconoció la importancia de reforzar los mecanismos jurídicos para combatir la evasión fiscal, porque genera un menoscabo directo en la recaudación de recursos públicos del Estado y, por lo tanto, se afecta a toda la sociedad al reducir la inversión en políticas públicas prioritarias.

 

El dictamen, dijo, pretende dotar de mayores atribuciones a la autoridad para investigar, perseguir y sancionar estos delitos. “Se trata de combatir la corrupción y la impunidad que le va aparejada. Estimamos que la severidad de las sanciones reducirá la incidencia delictiva, además de que estas corresponden a la magnitud del daño causado”.

 

Aclaró que las medidas no serán para todos los contribuyentes, sino únicamente para aquellos que evadan contribuciones iguales o superiores a aproximadamente 7 millones 804 mil pesos. “Tampoco se sancionará al contribuyente que cumple con sus obligaciones fiscales, ni al que por error dejó de enterar contribuciones o al que fue engañado por su contador declarando datos incorrectos”.

 

El Pleno rechazó la moción suspensiva de la diputada Claudia Pastor Badilla (PRI), quien dijo que las comisiones unidas no convocaron a reuniones, como lo establece el artículo 155, y que “también violaron el artículo 177, numeral 3, pues tampoco se circuló el proyecto de dictamen con cinco días de anticipación”.

 

Asimismo, se desechó la moción suspensiva presentada por el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN), quien expresó que la reforma es excesiva y planteó regresar la discusión a las comisiones.

 

Posicionamientos

 

 

 

En los posicionamientos, la diputada Paola Tenorio Adame (Morena) expresó que la defraudación fiscal es el problema que afecta a todo el país, ya que frena el crecimiento de la economía, debilita a las instituciones e incrementa la desigualdad social. Por ello, se facultará al Estado a sacar a todas aquellas bandas factureras ilícitas, así como a los servidores públicos que colaboran con ellas. “Debería de darles vergüenza decir que son extremos, pues en los últimos cinco años el Sistema de Administración Tributaria identificó a casi nueve mil empresas importantes”.

 

Precisó que se propone incluir en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada a la defraudación fiscal; la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. Además, prevé considerar como amenaza a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal, los cuales ameritan prisión preventiva oficiosa. “El objetivo es combatir y sancionar únicamente a los contribuyentes deshonestos y corruptos que dañan al país; dejen de malinformar con un terrorismo fiscal que no existe”.

 

Por el PAN, la diputada Patricia Terrazas Baca se manifestó a favor de toda aquella acción de política pública y legislativa que tenga como objetivo incrementar la recaudación de aquellos sectores que no cumplan con sus obligaciones. “Estamos conscientes de que México vive una grave situación fiscal; sin embargo, esta propuesta es peligrosa y solamente van a dañar los derechos fundamentales de los contribuyentes, enviando señales equivocadas que nada ayudarán a atraer la inversión o incentivar la economía interna”.

 

Reconoció el grave problema de la nociva práctica de la expedición, compra y venta de comprobantes fiscales que ampara operaciones inexistentes, pero las autoridades cuentan ya con herramientas jurídicas que son extremadamente robustas para combatir eficazmente esos delitos, inclusive en sus ponencias han señalado expresamente que son más de 11 mil factureros. “Las reformas generan una amenaza de intrusión en el ámbito de los particulares y no solo de los factureros; estamos en contra de criminalizar a cualquier ciudadano que pretenda generar empleos lícitos y legítimos. No a la ley del garrote”.

 

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) dijo estar a favor de mejorar la recaudación, de que el pago sea justo y equitativo y combatir de manera frontal las prácticas nocivas, como las facturas falsas y las empresas fantasmas, pero “esta reforma es desproporcionada, atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso y de la misma manera, por la puerta falsa, está incluyendo la prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 constitucional”.

 

Argumentó que lo que se está planteando es equiparar a delincuencia organizada a empresas perfectamente funcionales y legítimas, y a pequeños o medianos contribuyentes, así como a cualquier persona. “Si lo que queremos, es ir en contra de los factureros y de las empresas fantasmas, discutamos esta ley, hagamos sus reservas no al vapor ni de prisa como estamos ahorita; combatamos de fondo la impunidad en estos delitos. A través de esta reforma, no se va a lograr”.

 

Óscar González Yáñez, diputado del PT, resaltó que el daño de la facturación falsa genera una competencia desleal. De 2014 a 2019 hubo más de 8 millones de facturas falsas facturando un billón 600 mil pesos, lo que originó un daño al erario público calculado en 354 mil millones de pesos; 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

 

Indicó que, si bien se cree que este dictamen es un exceso, también lo ha sido el saqueo al país. “No estamos buscando recaudar más, es parar la evasión y la elusión, y con esto evidentemente automáticamente va a aumentar el ingreso. Es un exceso, sí, pero venimos de ellos y hay que pararlos así”.

 

De MC, el legislador Higinio Del Toro Pérez, informó el delito de la facturación falsa por ningún motivo puede ser considerado como delincuencia organizada y afirmó que es un despropósito lo que se pretende aprobar, por lo que no están a favor de la forma en que se plantea combatir la evasión fiscal.

 

“Los exhorto a reflexionar; nuestro grupo parlamentario ha sido una oposición responsable, y aunque tenemos serias reservas sobre lo que se vota hoy, ya en el Senado se votó a favor y en consecuencia y en congruencia, nuestro grupo lo votará a favor, con reservas”.

 

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) puntualizó que se debe terminar con el “huachicoleo fiscal” que ha dañado las finanzas públicas y el desarrollo del país; por ello, es necesario encontrar un modelo idóneo que no permita que nadie siga abusando de los recursos.

 

“Por supuesto que le vamos a dar un voto de confianza a esta iniciativa, pero no vamos a dejar que se caiga en el autoritarismo por parte de la autoridad fiscal, que se ponga en riesgo la constitucionalidad, pero sí vamos en contra de los delincuentes de cuello blanco”.

 

Del PVEM, Marco Antonio Gómez Alcantar observó que es necesario tener claro que el ejercicio de la acción penal es decretado por un juez, no por el Ministerio Público, por ello sería el Poder Judicial quien determine los parámetros en que proceda la prisión preventiva y ello es la mejor garantía a los derechos ciudadanos.

 

Consideró que el dictamen debe analizarse desde la visión de la prevalencia del Estado y la necesidad de captar los impuestos que realmente deben de pagarse por cada uno de los ciudadanos y diversos sectores.

 

Al dar el posicionamiento de su bancada, la diputada Verónica Juárez Piña afirmó que el voto del PRD es en contra porque no existe justificación alguna para que el gobierno violente los derechos de las y los mexicanos sin un procedimiento judicial objetivo que garantice el Estado de derecho.

 

Coincidió en que se requiere procesar y sancionar a quien con facturas falsas defrauda al Estado y trata de eludir impuestos que todos debemos aportar. Sin embargo, “no estamos de acuerdo en que se viole el principio constitucional de presunción de inocencia y por una simple sospecha, sin prueba y sentencia, las personas puedan ser encarceladas y despojadas de sus bienes y esto es lo que se discute hoy”.

 

Posiciones a favor y en contra

 

Al hablar en contra, la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN) dijo no acompañar este desmantelamiento del Estado de derecho, y esta afrenta a los principios del sistema penal acusatorio. “No podremos ser cómplices del atropello que significa vulnerar la seguridad jurídica de las y los mexicanos, y la formalización de la falta de certeza que puede y ha empezado a espantar a las inversiones en el país. Compartimos la preocupación por combatir estas conductas, pero por qué no vamos por la profesionalización de los policías y de los peritos”.

 

Javier Salinas Narváez, diputado Morena, expresó que la inmoralidad de algunos funcionarios públicos y empresarios corruptos normalizó el lavado de dinero y la evasión fiscal, como una forma de hacer negocios. De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad, la corrupción tiene un costo económico del 2 por ciento del PIB y representa el 5 por ciento de las ventas anuales de las empresas. “Necesitamos herramientas jurídicas para perseguir a quienes realizan actividades ilícitas y sancionarlas con rigor”.

 

Por el PRI, el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal subrayó que en el dictamen no existe un argumento a favor de la protección del contribuyente; por el contrario, se pone en el supuesto de delincuente tratando de disuadir la conducta de evasión o elusión fiscal con una pena que es desproporcionada. “Las y los diputados tenemos la obligación de hacer leyes que le ayuden a México y no ahuyenten la inversión y el empleo. Nos oponemos a esta reforma que considera a los inversionistas como delincuentes potenciales y llevará a la economía al desplome”.

 

El diputado del PT, Benjamín Robles Montoya, puntualizó que están a favor porque es lo correcto y se pondrá un alto a la facturación falsa y al huachicoleo fiscal. “Perseguir con mayor firmeza estos delitos no puede considerarse terrorismo fiscal”.

 

Marco Antonio Adame Castillo, legislador del PAN, afirmó que su grupo parlamentario considera que estas reformas son innecesarias, inapropiadas y desproporcionales porque no distinguen entre contribuyentes ni delincuentes, lo que es grave para construir políticas que busquen combatir delitos y generar condiciones de confianza y transparencia. “Creemos que atentan contra la justicia tributaria, por eso votaremos en contra este paquete de despropósitos”.

 

De Morena, el diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua reiteró que la reforma no crea un nuevo tipo penal, al contrario, le da al Estado los elementos y herramientas para perseguir a una delincuencia con altas ganancias ilícitas. “El grupo parlamentario de Morena apoyará el dictamen en sus términos porque nunca más un defraudador vivirá bajo el cobijo de la impunidad”.

 

La diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) consideró que tal como está la minuta del Senado es intransitable su aprobación; por ello, presentaremos reservas a fin de recuperar su enfoque original de combatir la expedición y venta de facturas falsas.

 

Dolores Padierna Luna, legisladora de Morena, puntualizó que la Ley Federal de Delincuencia Organizada es un régimen de excepción y encuentra su justificación por el peligro potencial que representan algunos delincuentes para la existencia del Estado. Reiteró que todos los cambios son necesarios para acabar con el régimen de corrupción de regímenes anteriores.

 

Al hablar en contra, el diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) aseguró que la reforma tiene una evidente desproporción al equiparar un delito fiscal con atentados contra la seguridad nacional. “Estamos de acuerdo con eliminar prácticas de evasión, pero se debe combatir con lo que ya hay en la ley. Existen medidas para combatir las facturas apócrifas, pero sin persecución fiscal. Para los inversionistas será un elemento importante para considerar la permanencia de su patrimonio”.

 

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (MC) argumentó que el dictamen debería ofrecer certeza jurídica a los empresarios y a quien sí paga impuestos, pero eso se lograría sólo con la redacción clara de la reforma. Agregó que la prisión preventiva no evita los delitos pero sí viola la presunción de inocencia, por lo que “debemos tener conciencia de los excesos del documento; se puede tener una mejor legislación y evitar que nos corrijan la plana con acciones de inconstitucionalidad o amparos”.

 

Enrique Ochoa Reza, diputado del PRI, se pronunció en contra del dictamen al considerar que criminaliza la vida empresarial. Resaltó la necesidad de que el Estado recaude lo justo y se combata la evasión fiscal y las facturas falsas, pero “no con una maniobra legislativa que amplía la prisión preventiva oficiosa”. Añadió que “esta ley es de terrorismo fiscal y derivará en desempleo y caída de la inversión, porque se matará a la gallina de los huevos de oro”.

 

La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) precisó que cerca de 2 billones de pesos están vinculados a actividades de corrupción. “Por eso apoyamos el dictamen, porque ya no queremos que se continúe saqueando el dinero de los mexicanos. Ya no habrá espacio para las facturas falsas y defraudación”. Explicó que las reformas son medidas de excepción, y buscan ir contra 9 mil empresas fantasma detectadas por el SAT.

 

Del PRI, la diputada Soraya Pérez Munguía dijo que si el objetivo de la reforma fuera recaudar, “estaríamos legislando sobre ingresos y el ámbito tributario; sin embargo, la discusión se encasilló en poner la emisión de facturas falsas en el mismo cajón donde está el terrorismo o el narcotráfico”.

 

De Morena, el diputado Carlos Javier Lamarque Cano dijo que los que están en contra de la reforma “tienen miedo a que termine el saqueo de este país, o quizá quieran seguir metiendo facturas falsas”. Aseguró que por el bien de México ya no se afectará la distribución del dinero público y se sancionarán las operaciones que tanto afectan al erario.

 

José Elías Lixa Abimerhi, diputado del PAN, puntualizó que si bien se comparte el diagnóstico y que deben tomarse medidas, “no es el remedio, porque no funcionará”. Agregó que no es una medida idónea, necesaria, ni proporcional; cancela cualquier posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios. “No sólo no se van a recuperar recursos, sino caerá más la economía; se legisla con falta de evidencia”.

 

Del PT, el diputado Luis Enrique Martínez Ventura destacó que el objetivo es combatir la inmensa evasión fiscal a través de la facturación falsa, “práctica que tanto ha perjudicado al Estado y al pueblo de México”. Hoy, añadió, se fortalece la soberanía tributaria al evitar que particulares, desgraciadamente en colusión con la autoridad en la mayoría de los casos, medren con los recursos de las y los mexicanos; “esta práctica debe de terminar”.

 

La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (PAN) señaló que si bien se tiene que terminar con la defraudación fiscal, las reformas que hoy se discuten son una violación a las leyes, pues necesitan llevar el criterio de justicia, equidad y orden. “Se debe cuidar el terrorismo de la aplicación fiscal; la economía se les ha ido de las manos; urge recaudar, pero hagámoslo bien; esta ley va a fracasar y no va a aumentar la recaudación”.

 

El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona (Morena) expresó que en las últimas décadas la defraudación y la evasión fiscal fueron el deporte favorito de un grupo delincuencial auspiciado dese el poder público. “Le digo a los empresarios que tributan que no deben preocuparse; el que nada debe nada teme; estamos del lado del pueblo, nunca más actos de corrupción”. Hoy en la Cuarta Transformación, dijo, “se piensa en los jóvenes, campesinos e indígenas que fueron invisibles por gobiernos anteriores porque no eran negocio”.

 

El Pleno aprobó, en términos del dictamen, por 276 votos a favor, 144 en contra y 16 abstenciones, los artículos reservados para la discusión en lo particular: 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional; artículos 167, 187, 192 y 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales; artículo 113 fracción III y 113 Bis del Código Fiscal de la Federación; artículo 11 bis apartado B fracción VIII Bis del Código Penal Federal, y los artículos Primero y Segundo Transitorios.

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