Madrazo y otros seis expertos entrevistados por Reuters, entre ellos tres académicos, coincidieron en que la desaparición de los fideicomisos es una estrategia para condicionar la entrega de recursos a críticos del mandatario
Ciudad de México, 30 de septiembre 2020, - México busca imponer candados a recursos públicos eliminando fideicomisos destinados a apoyar a la ciencia, tecnología, arte y la labor periodística, en medio de fuertes críticas que calificaron la medida como un gran retroceso y de manipulación política.
El martes, una comisión de diputados aprobó una reforma para eliminar 109 fideicomisos, para que sus fondos -que este año ascienden a 68 mil millones de pesos (3,078 millones de dólares)- sean administrados por la Secretaría de Gobernación, con libertad de destinarlos a proyectos prioritarios como la lucha contra el coronavirus.
“Para la academia en México es un escenario catastrófico, peor que la ley mordaza”, dijo a Reuters Alejandro Madrazo, director regional del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que por años ha realizado investigaciones que han expuesto serias fallas del gobierno.
El proyecto, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, tiene que recibir aún el visto bueno del pleno de los diputados y el Senado.
Madrazo y otros seis expertos entrevistados por Reuters, entre ellos tres académicos, coincidieron en que la desaparición de los fideicomisos es una estrategia para condicionar la entrega de recursos a críticos del mandatario, y que incluso los limita para conseguir fondos privados para investigación.
El gobierno ha defendido que la reforma es parte de una estrategia para llevar nuevos recursos al combate de la pandemia de coronavirus, que hasta ahora ha dejado 77,163 decesos en México.
Parte del dinero de los fideicomisos actualmente es utilizado en el mecanismo de protección para comunicadores y defensores de derechos humanos. México es considerado como uno de los países más peligros para ejercer ambas profesiones, de acuerdo con la ONU.
“Es una medida sumamente regresiva en un momento en que las agresiones contra la prensa, en el último semestre, aumentaron 45%” (en el país), dijo a Reuters Leopoldo Maldonado, director de la oficina regional para México y Centroamérica de Artículo 19. En lo que va del año seis periodistas han sido asesinados en México y siete defensores de derechos humanos, según la UNESCO.