MÉXICO, 15 diciembre 2021.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió parcialmente el acuerdo del
Ejecutivo que cataloga las obras de infraestructura del Gobierno federal como asuntos de interés público y de seguridad nacional y que puede blindar la información al respecto.
La decisión vino tras admitir a trámite un recurso constitucional interpuesto por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que el pasado miércoles advirtió que el acuerdo “transgrede los principios de supremacía constitucional y legalidad”.
“Es procedente la suspensión para que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para ese efecto”, señaló el acuerdo emitido por la Corte.
Óscar Guerra, comisionado del Inai, dijo que en el acuerdo “se observa una posible afectación a este derecho” respecto de autorizaciones, dictámenes, permisos, licencias, licitaciones públicas y disposición de recursos.
Todos relacionados con los proyectos y obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, que podrían ser considerados como de interés público y seguridad nacional.
El 22 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) apareció un acuerdo “en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.
Con ese decreto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que busca agilizar el desarrollo y evitar que los megaproyectos que se construyen en su administración sean frenados mediante amparos.
El acuerdo fue tachado por la oposición de incentivar la opacidad.
El Inai señaló que al calificarse como de seguridad nacional a las obras y proyectos del Gobierno de AMLO, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal “pueden llegar a reservar” la información relacionada con estos.
“Decretazo” no compete al Senado
Al explicar su decisión de no controvertir el acuerdo presidencial que blinda las obras de infraestructura del gobierno por considerarlas de interés público y seguridad nacional, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el llamado “decretazo” no vulnera las competencias ni intereses de la cámara alta.
En la sesión plenaria de ayer, la ministra en retiro hizo pública su opinión jurídica para no promover una controversia constitucional para impugnar este plan.
Argumentó que un acuerdo es diferente a un decreto, porque se trata de un acto administrativo que incide en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, cuyos efectos se producen dentro de la propia estructura interna. “Mientras, en el acuerdo, el titular del Ejecutivo determina funciones administrativas de instancias subalternas; el decreto por su parte formaliza la expresión jurídica de la voluntad del Ejecutivo en ejercicio de sus funciones, pero sobre casos concretos y específicos”.
Por ello, la senadora Sánchez Cordero insistió en que el acuerdo presidencial no invade ninguna competencia del Senado. La presidenta del Senado pidió que sus consideraciones jurídicas quedarán inscritas en el Diario de los Debates.