Aseguró que dañaría la economía y el Estado de derecho
EEUU, 4 de enero de 2022.- La influyente publicación británica destacó que aunque la iniciativa presidencial se diluya, sus planes serían dañinos
La iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue acumulando opiniones desfavorables, tanto en México como en el extranjero.
El lunes 3 de enero, la influyente revista británica The Economist, realizó una fuerte crítica en contra del plan del gobierno mexicano para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), encabezada por el cuestionado Manuel Bartlett, tenga el control de más de la mitad de la generación de energía eléctrica en el país.
A través de un largo artículo titulado Las reformas energéticas de México dañarán la economía y el estado de derecho, el medio británico señaló que el mandatario mexicano ha insistido en que la situación eléctrica en el país es terrible y no hay tiempo que perder, por lo que “las enmiendas constitucionales que ha presentado al Congreso ‘rescatarán’ a México” regresando a las medidas que se implementaron en la década de los 70
Y es que a consideración del semanario, la reforma del 2013 que llevó a la liberalización del mercado eléctrico fue un éxito enorme al conseguir a través de las subastas eléctricas, los precios más bajos y ayudó a impulsar el crecimiento de la industria mexicana, especialmente de las maquiladoras, o plantas manufactureras extranjeras.
Es por eso que consideró, la iniciativa de López Obrador ocasionaría que la electricidad sea más sucia y cara.
“Los planes del señor López Obrador suponen una grave amenaza, no solo para la economía sino también para el estado de derecho. En su forma actual, al menos, haría que la electricidad sea más sucia y más cara, al tiempo que daña la confianza de los inversionistas y socava a las instituciones encargadas de mantener a raya a un gobierno arrogante”, aseguró la importante publicación.
The Economist resaltó que López Obrador es un líder populista que ve al Estado como el pilar de de la economía y a la energía como la industria líder en México, por lo que busca revertir las reformas de los últimos años y restaurar las empresas estatales de petróleo y energía para que tengan una primacía completa.
“El problema es que la liberalización de la generación de energía, en particular, ha sido un éxito enorme. Las empresas a las que se les permitió comprar su propia energía a proveedores privados en lugar de a la empresa estatal de electricidad, Comisión Federal de Electricidad (CFE), disminuyeron el precio. La energía que la propia CFE compró en una subasta a empresas privadas de generación fue una de las más baratas del mundo. En 2014, la electricidad costaba más en México que en China y Brasil, según el Banco Mundial; solo dos años después, la energía de México era la menos costosa”, apuntó el medio.
La publicación destacó que la energía barata también ayudó a impulsar el crecimiento de la industria mexicana, especialmente de las maquiladoras de capital extranjero que han reemplazado al petróleo como el pilar de la economía mexicana en las últimas décadas.
El medio británico destacó que la iniciativa presidencial también pone en peligro el suministro de energía ya que México no podría capitalizar las disputas comerciales de Estados Unidos con China que han impulsado el deseo de las grandes empresas de reubicar las fábricas más cerca de los consumidores estadounidenses.
Resaltó que con las reglas actuales, tanto las empresas extranjeras como la CFE generan energía eléctrica, pero resaltó que mientras las plantas de la CFE son viejas e ineficientes, las de las empresas privadas son nuevas y además amigables con el medio ambiente, ya que muchas de ellas producen “energía verde”.
Explicó que con la reforma que impulsa López Obrador, las empresas que generan energía para su propio consumo, o que la compran directamente a compañías privadas de generación, tendrían que parar de inmediato.
“Aunque a las empresas privadas se les permitiría vender energía a la red, se priorizaría la producción de CFE, por muy cara que fuera. La agencia independiente que administra la red sería absorbida por el Ministerio (Secretaría) de Energía, junto con otros dos reguladores. En efecto, correspondería a la CFE decidir a qué empresas comprar la energía suplementaria que requiera la red y dictar los precios. No habría ningún requisito para subastas o licitaciones abiertas”, destacó.
The Economist citó la opinión de Oscar Ocampo investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quien consideró que el impacto de esta situación sería “catastrófica” para México.
Y es que podrían producirse apagones, ya que es posible que CFE no tenga la capacidad para producir suficiente electricidad para satisfacer las necesidades de México. Incluso si hubiera suficiente, la electricidad inevitablemente se volvería mucho más cara, alertó al tiempo que destacó que la CFE gasta al menos un 40% más que sus rivales privados para generar un kilovatio-hora de electricidad.
La publicación señaló que aunque el gobierno dice “alegremente” que los mexicanos no pagarán más por su electricidad, pero “si cumple su palabra, el Estado tendría que absorber los enormes costos adicionales por sí mismo”, señaló.
Resaltó que las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad han estado “en pésimo estado” durante mucho tiempo.
De acuerdo con analistas -destacó el medio británico- la CFE necesitaría gastar al menos 62 mil millones de pesos adicionales al año para generar la energía requerida, sin tener en cuenta la necesidad de nuevas inversiones en generación o subsidios para mantener bajos los costos para los consumidores. Incluso enfatizó que los cambios también violarían varios acuerdos comerciales, incluido el T-MEC.
La publicación destacó que el presidente López Obrador puede tener dificultad para aprobar su iniciativa ya que debe ganar algunos votos de la oposición para lograr la mayoría necesaria de dos tercios en ambas cámaras.
“Pero incluso si se diluye, sus planes serían dañinos. E incluso si las enmiendas fracasan, continuará persiguiendo los mismos objetivos a través de la legislación ordinaria y el mandato administrativo, como lo ha hecho desde que asumió el cargo en 2018″, puntualizó.