Demanda CNA a empresas por manipular precios de gas LP

Ciudad de México, México ::: 24 de abril de 2026 ::: La Comisión Nacional Antimonopolio inició una acción legal

colectiva contra 53 compañías acusadas de colusión durante más de una década. La demanda busca que las empresas reparen el daño económico causado a millones de familias mexicanas mediante la fijación arbitraria de precios del combustible.

 La demanda surge a partir de una investigación previa en la que se comprobó que varias empresas, entre ellas Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas y Gas Metropolitano, se pusieron de acuerdo de forma ilegal para fijar precios y repartirse a los clientes.
De acuerdo con la investigación, estas prácticas ocurrieron en mercados ubicados en la Ciudad de México, el Estado de México y localidades de Colima, Tamaulipas y Sinaloa.

::: Sobreprecios afectaron a millones de familias
Como resultado de estas prácticas ilegales, se generaron sobreprecios que provocaron un daño económico superior a los 13 mil millones de pesos a los consumidores, según estimaciones de la autoridad.
El impacto es significativo debido a que el gas LP es uno de los insumos básicos en los hogares mexicanos. Datos de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares señalan que ocho de cada diez familias utilizan este combustible como principal fuente para la preparación de alimentos.
Con la demanda colectiva, la CNA pretende que, además de las sanciones administrativas ya impuestas, las empresas responsables compensen a los consumidores afectados mediante esquemas como descuentos en el precio del gas LP en las zonas donde se registraron las prácticas monopólicas.
La intención, subrayó el organismo, es que la sanción no solo tenga un carácter punitivo, sino que también genere beneficios tangibles para la población.

::: Refuerzan política de competencia
La Comisión destacó que esta acción forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la política de competencia en el país y sancionar con mayor rigor a las empresas que incurran en prácticas anticompetitivas.
Asimismo, reiteró su compromiso de utilizar todos los instrumentos legales disponibles para evitar abusos en mercados clave que impactan directamente en la economía de las familias mexicanas.
La resolución del caso y el avance de la demanda colectiva serán determinantes para establecer precedentes en la defensa de los consumidores frente a prácticas ilegales en sectores estratégicos.

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