El gigante estadounidense Coca-Cola dijo que el impuesto especial propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto para gravar las bebidas azucaradas es ineficiente para combatir la obesidad en México, el mayor consumidor de gaseosas del mundo.
"Un impuesto a los refresco es ineficiente para combatir un problema tan complejo como la obesidad", dijo The Coca-Cola Company en un comunicado de prensa difundido en México, que tiene uno de los mayores índices de obesidad del mundo entre sus 118 millones de habitantes.
"No estamos contra los impuestos. Nosotros siempre hemos pagado los impuestos, tal como es el 16% de IVA (Impuesto Valor Agregado) en México". Sin embargo, individualizarlo solo a las bebidas "es inconsistente con una buena política fiscal", indicó la empresa.
El impuesto especial a los refrescos forma parte de una amplia reforma fiscal presentada el domingo al Congreso por Peña Nieto, que persigue incrementar la recaudación del fisco.
El presidente señaló que se trata de una contribución en apoyo a la salud de los mexicanos con el fin de desincentivar el consumo de estas bebidas y disminuir los niveles de obesidad, especialmente entre los niños.
El documento que Peña Nieto envió al Congreso establece que México es el segundo país de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) con mayor obesidad, con el 32,4% de su población adulta obesa sólo por detrás de Estados Unidos con 35,7%. El promedio entre los países miembros de la OCDE es de 22,2%.
La iniciativa del presidente se basa en cálculos de que los mexicanos consumen en promedio cerca de 163 litros de refresco al año, superando en 40% a los estadounidenses con 118 litros anuales.
Coca-Cola señaló que las bebidas con endulzantes contribuyen con 5,5% a 6,6% de las calorías que en promedio tiene la dieta de los mexicanos y que solo habrá un cambio en los hábitos de alimentación cuando la gente aprenda a identificar la cantidad de carbohidratos de cada alimento.
Por su parte, la Asociación de Productores de Refrescos calificó esta imposición como "inequitativa, discriminatoria y desproporcionada" argumentando que los más afectados serán los 52 millones de mexicanos que están en situación de pobreza y deberán pagar más por este consumo.
La medida "agrede a la población de menores ingresos que es la de menor acceso al agua potable", dijo la asociación.