El Secretario Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray consideró que “Lo realizado en el Senado es lo correcto. La austeridad y transparencia son obligaciones esenciales de un gobierno democrático y, por ello, respaldamos con entusiasmo lo dispuesto por las y los senadores”.
Aseguró que los cambios aprobados a la Ley de Coordinación Fiscal fortalecen la transparencia en el ejercicio del gasto de estados y municipios al hacer pública la nómina magisterial, la información de deuda de los estados y municipios, así como los avances en el ejercicio y destino de recursos de fondos financiados con recursos federales, incluyendo los destinados a la seguridad pública.
La madrugada de ese martes el Senado de la República aprobó importantes modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de austeridad y transparencia.
Al respecto, el funcionario dijo que con estas medidas, así como con los nuevos mecanismos de fiscalización que contiene este ordenamiento jurídico, se garantizará que los ciudadanos cuenten con información oportuna del ejercicio del gasto público de las entidades federativas.
Consideró además que con las modificaciones realizadas por el Senado de la República a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria enfatizan medidas de austeridad que aplicarán a los tres Poderes de la Unión y a los órganos autónomos para lograr un racionamiento efectivo del gasto público, en rubros como: salarios del personal de mandos medios y superiores; gasto de operación del gobierno, y adquisición de vehículos, entre otros.
De esta manera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoció que las mejoras realizadas por el Senado de la República fortalecen los principios de austeridad y transparencia en el ejercicio del gasto público que deben regir la actuación de las entidades federativas, los tres Poderes de la Unión y de los órganos autónomos.
Asimismo, la Cámara Alta aprobó reformas que promueven la modernización, eficiencia y eficacia en la Administración Pública Federal, estableciendo la obligación por parte del Ejecutivo Federal de elaborar un programa que atienda dichos fines y reportar los avances en la implementación del mismo de manera trimestral.