El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, expresó su preocupación por el incumplimiento de los compromisos públicos para implementar medidas en contra de la delincuencia en el país y llamó a un gran movimiento nacional para resolver las fallas estructurales en materia de inseguridad.
Dijo que “preocupa que se incumpla con los compromisos realizados públicamente para implementar las medidas necesarias para que los gobiernos, en sus tres órdenes, puedan responder con eficacia al desafío de la delincuencia”.
Aunque indicó que hay avances importantes en algunas entidades y a nivel federal, en algunas obligaciones contraídas como la depuración de policías estatales y municipales, así como la sistematización de un control de confianza efectivo, vuelven a vencerse plazos para completar procesos que debieron quedar listos hace años.
Y es que ante contingencias como la crisis en el puerto de Lázaro Cárdenas se recurre al Ejército, la última línea de defensa de la sociedad, como antes se ha hecho en otras plazas lo que había que hacer, pero nuevamente la demanda es que se resuelvan las fallas estructurales.
Nuestras fuerzas armadas constituyen una organización sólida y confiable, que patrióticamente está haciendo el trabajo que no realizan muchas corporaciones y gobiernos, que evaden la primera obligación que tienen de proteger a los ciudadanos que es cumplir y hacer cumplir la ley.
Por lo tanto, es urgente dotar a éstas de un marco legal adecuado, reforzando las leyes reglamentarias del Artículo 89 Constitucional, para que pueda operar con certidumbre jurídica. Un pendiente que ya no debe seguir postergándose.
Sobre todo, urge que las autoridades civiles, sus corporaciones policiacas y el aparato judicial se fortalezcan, para cuidar a la población, procesar y castigar a los delincuentes.
Todo avance será lento o precario en tanto no se resuelva esta asignación y mientras en muchas localidades la delincuencia y las policías estén mezcladas, prácticamente trabajando en equipo, su población seguirá viviendo con miedo y desconfianza mientras que 96 por ciento de los delitos del fuero común quede sin castigo.
Siguen pendientes las reformas para crear corporaciones policiacas estatales con mando único, y lamentablemente no existen mecanismos efectivos para obligar o sancionar a las autoridades de muchas regiones del país, para que cumplan con sus responsabilidades y compromisos.
En este punto, la participación social es clave, con una mayor exigencia ciudadana, que ya ha generado avances importantes en entidades como Nuevo León y Baja California entre otros.
El mayor enemigo, dijo, es la corrupción, que existe en todos los niveles de gobierno y también en la sociedad, así como su reverso que es la impunidad.
Por ello, llamó a ya no retrasar más la urgencia de echar a andar un gran movimiento nacional contra estos flagelos, y en particular, conminamos a los legisladores a acelerar la definición y aprobación de la Comisión Nacional contra la Corrupción.
Porque dijo que es necesario atacar a las bases de la fuerza de la delincuencia, así como remediar las debilidades del Estado mexicano para enfrentarla.
Romper sus cadenas logísticas y relaciones con policías y funcionarios públicos corruptos, así como con empresas y particulares que cooperan con el crimen en donde es prioritario que el combate al lavado de dinero dé mayores resultados.
Expresó su confianza en la seriedad y voluntad de los responsables que han sido designados a nivel federal para encabezar los esfuerzos nacionales contra la inseguridad pública y la violencia.
De la misma forma, reconoció que pueden dar buenos resultados las estrategias planteadas por el Gobierno de la República, con el fin de mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, las medidas de prevención y regeneración del tejido social, así como las de inteligencia y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad federales.
“El llamado es a acelerar el paso, y que las acciones conducentes se ejecuten en tiempo y forma, para obtener resultados rápidos y tangibles. No basta generar planes y compromisos; hay que implementarlos de manera rápida y eficiente”.
Esta es una lucha de la nación, no solamente de un gobierno, señaló, en donde el sector empresarial está comprometido a hacer la parte que le corresponde, impulsando con la sociedad civil los cambios necesarios que devuelvan la tranquilidad a todos los mexicanos, en todos los rincones del país.