El comercio ambulante beneficia más a quienes lo organizan –sus líderes– y a quienes lo controlan –inspectores de la vía pública, funcionarios locales y federales que protegen su crecimiento anárquico– que a los vendedores informales, expusieron los investigadores Omar Barrera Castillo, Lizeth Flores Meléndez, Sonia Jiménez Gutiérrez y Lorena Montaño San Martín, tras la presentación de encuestas sobre el sector.
Durante su participación en Balance y Perspectivas. Convenio de Colaboración de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del GDF, expusieron que esta actividad es positiva porque fomenta el empleo, combate la pobreza y abarata los productos.
Su crecimiento es resultado de los bajos salarios e impuestos elevados y se asocia al incremento de la población y al escaso desarrollo de la economía al no generar en el sector formal los empleos que se demandan.
Aseguran en su trabajo “El comercio ambulante como alternativa de empleo en el Centro Histórico debido a la precarización del trabajo en el 2013”, realizaron encuestas a 50 comerciantes ambulantes –hombres y mujeres con edad promedio de 35 años– que laboran en el Zócalo capitalino desde hace cinco años.
Las investigación reveló que del universo de estudio 70 por ciento se rehusó a revelar cuánto paga por renta de piso al mes; del 30 por ciento restante, 10 por ciento paga 3 mil pesos; dos por ciento, 350 pesos; dos por ciento, 500; dos por ciento, 1500; dos por ciento, 1800 y el otro dos por ciento 10 mil por local y el 10 restante no paga por uso de suelo por su cercanía con los líderes. En promedio perciben entre 4 a 8 mil pesos mensuales.
Respeto al grado de estudio: 34 por ciento concluyó la secundaria; 20 por ciento primaria; 32 por ciento tiene algún grado de estudio de bachillerato; dos por ciento universidad y 12 por ciento carece de algún tipo de preparación académica.
Noventa por ciento carece del auspicio de algún programa asistencial gubernamental; cuatro por ciento tiene seguro popular; dos por ciento recibe el programa madres solteras; dos por ciento becas escolares y el dos por ciento restante oportunidades.
El caso de los vendedores del Centro Histórico es paradigmático porque permite visualizar que el aumento de poder de los líderes revela “un quebrantamiento de la legitimidad del gobierno como el auténtico gestor de las demandas de la población”.
Las políticas públicas del gobierno del Distrito Federal para reordenar el comercio informal en la vía pública han fracasado como lo demuestra la quiebra de la construcción de las plazas comerciales, producto del Programa de Mejoramiento del Comercio Popular de 1993 y las problemáticas que han afrontado los emitidos en 1998, 2000, 2003 y 2007.
El Programa de Mejoramiento del Comercio Popular tiene como objetivo recuperar el entorno urbano del Centro Histórico, además de la promoción en la generación de empleos y el reordenamiento y la inserción de los comerciantes en inmuebles seguros que han sido rehabilitados para establecer corredores culturales que fomenten el desarrollo económico.