En México cultivos como del maíz, algodón y soya son referentes cuando de organismos genéticamente modificados se refiere, mientras que en otras regiones, la canola, pimiento, papa, jitomate, remolacha azucarera, alfalfa, papaya y calabaza se suman ya a la lista de plantaciones que han adoptado el uso de biotecnología.
A 16 años de su desarrollo a nivel mundial, la biotecnología agrícola ha dotado de técnicas para producir variedades de plantas con mayor rapidez, con elementos nutricionales mejorados, tolerancia a condiciones adversas, resistencia a herbicidas, todas características de los transgénicos.
Si bien el término “transgénico” se refiere a un organismo, vegetal principalmente, alterado por técnicas de ingeniería genética, se trata de variedades de especies a las que se les ha transferido alguna capacidad funcional con tecnología de ingeniería genética.
Los transgénicos pueden dividirse en dos grupos: los resistentes al herbicida o aquella sustancia tóxica utilizada para eliminar malezas y los tolerantes a insectos.
Cifras de Agrobio, empresa que aglutina a multinacionales del sector como Monsanto, Dow AgroSciences, Pioneer y DuPont, revelan que en el mundo, en 2011, 16.7 millones de productores en 29 países sembraron 160 millones de hectáreas con cultivos genéticamente modificados o transgénicos, los cuales han sido consumidos en 60 países.
Para 2012, la cifra de agricultores subió a 17.3 millones y la de superficie alcanzó los 170.3 millones de hectáreas, y de 1996 a 2011 los beneficios económicos acumulados de estas cosechas han sido superiores en países en desarrollo respecto a los industrializados (49.6 mil millones contra 48.6 mil millones de dólares, en ese orden).
En México, el uso de semillas genéticamente modificadas o transgénicas está establecido en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) y en documentos de alcance internacional como el Protocolo de Cartagena.
Aprobada en México en 2005, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) y su reglamento, emitido en 2008, es el instrumento legal que, junto con el Régimen de Protección Especial del Maíz (2009), completan el marco regulatorio que establece las bases para el desarrollo y la aplicación de biotecnología en el campo mexicano.
Existen tres etapas en la liberación para los cultivos genéticamente modificados: la experimental, al ambiente en programa piloto y la comercial.
La primera es una prueba a campo abierto, en un sitio específico, cumpliendo medidas de aislamiento o contención que impiden la dispersión de polen de semillas, evitando o limitando su interacción con otras poblaciones.
La liberación al ambiente en programa piloto refiere al cultivo de una variedad agrícola en etapa experimental, abarcando una mayor superficie, en la que se evalúa el balance costo-beneficio de las modificaciones adquiridas en relación con uno o varios compradores.
La tercera es la adopción final del cultivo agrícola del programa piloto en las áreas autorizadas que cuentan con características apropiadas para la producción comercial; en esta fase regulatoria se lleva a cabo un control y seguimiento de la utilización de las tecnologías liberadas.
Durante 2009 y 2010, las secretarías de Agricultura y de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobaron 29 permisos de liberación al ambiente en etapa experimental de maíz genéticamente modificado en los estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua.
La ley establece restricciones para la siembra de cultivos transgénicos en lugares donde se encuentran algunas de las 57 variedades criollas (zonas de los estados de Oaxaca, Jalisco, México, Puebla y Guanajuato); ello permitirá que en otras zonas, principalmente del norte del país, se puedan sembrar semillas genéticamente modificadas.
El argumento central de los defensores de la biotecnología agrícola o cualquier técnica para el mejoramiento en plantas para usos específicos, es que este tipo de cultivos genéticamente modificados representan una opción viable para impulsar el desarrollo y la competitividad del campo mexicano.
El portal de Internet “La neta de tu planeta” expone que actualmente se invierten dos mil 700 millones de dólares anuales en la importación de maíz (en su mayoría, granos genéticamente modificados), gasto que podría invertirse en mejorar los sistemas de producción agrícola e impulsar los cultivos nacionales.
No obstante, grupos ambientalistas afirman que el maíz de diversas regiones del territorio está en riesgo de sufrir contaminación genética, al argumentar que es imposible la coexistencia de variedades transgénicas y nativas por el flujo del polen y el intercambio de semillas, práctica común en la agricultura mexicana.
Aunado a ello, “las medidas de bioseguridad para los cultivos transgénicos son débiles, ya que no contamos con un sistema de biomonitoreo, inspección y vigilancia para las importaciones”, de acuerdo con Greenpeace.
En octubre pasado, el Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil, en el Distrito Federal, ordenó a la Sagarpa y a la Semarnat la suspensión de actos tendientes a emitir permisos para la siembra de maíz transgénico en México, impulsado por asociaciones como Fundación Semillas y la Asociación Civil Colectivas, entre otras.