El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, aseguró que la iniciativa de ley secundaria en materia de competencia económica, enviada por el Ejecutivo al Congreso, no prevé acciones adicionales que faculten al Estado para regresar al mecanismo del control de precios.
“El Ejecutivo (federal) no tendrá la discrecionalidad de tomar indicaciones de forma directa ni en insumos esenciales y mucho menos es precios máximos de bienes de consumo. No hay ningún cambio en materia de control de precios”, sostuvo.
La iniciativa busca que los consumidores tengan acceso a una gran variedad de bienes y servicios de calidad y a mejores precios, y los pequeños y medianos empresarios a insumos competitivos e innovadores.
Guajardo Villarreal afirmó que la iniciativa retoma el artículo siete de la legislación actual, donde determina que el Ejecutivo sólo podrá actuar cuando la Comisión de Competencia resuelva que en un mercado existen problemas para su libre competencia y operación.
“El artículo siete de la actual Ley vigente se retoma en el noveno de la iniciativa que el Ejecutivo hoy presenta. Así es que no hay ningún elemento que indique el restablecimiento a prácticas no deseables de controles de precios o discrecionales por parte del Ejecutivo”, reiteró.
La iniciativa en materia de competencia económica derogaría la anterior que se aprobó entre los años 2011 y 2012 y que reglamenta el tema de los monopolios referidos en el artículo 28 constitucional.
El funcionario federal aseguró que lejos de ahuyentar la entrada de capitales por el aumento de sanciones penales, “esta reforma va a incentivar mayor inversión extranjera directa, porque al desregular mercados y combatir concentraciones hay mucho más incentivos para inversionistas extranjeros de competir en condiciones justas”.
“Yo vería una mayor atracción de inversión en el país en telecomunicaciones y energía y en otros sectores que hoy se garantizarían condiciones de competencia”, puntualizó en conferencia de prensa.
Aclaró que hay un incremento en las penalidades divididas en tres tipos: la desincorporación como sanción, las sanciones penales y las monetarias que con anterioridad ya están revisadas a estándares internacionales en la reforma de 2011, y por tanto permanecen a los niveles establecidos.
“Las que se vuelven efectivas son tanto las penales, porque en la Ley de 2011 estaban establecidas como prácticamente inviables en su aplicación y en donde el rango de penalidad aumenta de cinco a 10 años, cuando originalmente estaba de tres a 10 años”, refirió.
En el caso específico de la desincorporación de activos, señaló que se eliminan candados, porque antes la penalización también era inviable.
En la conferencia de prensa, el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, precisó que en la parte de desincorporación de activos, la iniciativa establece un nuevo procedimiento especial para que la Comisión Federal de Competencia Económica haga una investigación de mercado.
La finalidad es determinar si existen barreras a la libre competencia y concurrencia, o si existen insumos esenciales.
Asimismo, continuó, busca aplicar las medidas necesarias y desincorporar activos, partes sociales o acciones de una empresa, si fuera necesario, para lograr una libre competencia y concurrencia, y por supuesto, también se establece la desincorporación de activos como sanción en algunas prácticas prohibidas en la ley.
En este contexto, Guajardo Villarreal expone que la iniciativa se presenta porque a poco más de 20 años de aprobarse la Ley Federal de Competencia Económica “resulta evidente que no ha sido suficiente para garantizar una sana competencia en nuestra economía”.
Dicha iniciativa es un cambio estructural de la forma de regular la competencia en México para impedir el abuso y la distorsión de los mercados, destacó.
El titular de la SE dijo que la iniciativa en la materia también busca acortar y reducir los tiempos que “hacían eternos los procedimientos, prácticamente inaplicable o muy tardío la ejecución de la ley”.