El sector empresarial consideró que "si las cosas se hacen bien" en la legislación secundaria y la instrumentación de la reforma de telecomunicaciones, será posible reducir las tarifas de servicios de móviles y de datos entre 15 y 20 por ciento en los próximos años.
En el documento "La Voz del CCE", el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo que el éxito de la reforma y de la legislación secundaria que se discute en el Senado debe medirse en su capacidad de incidir en menores precios, así como mayor cobertura, diversidad y calidad de los servicios.
Asimismo, expuso que hacia 2018 México podrá tener una penetración de servicios de banda ancha fija y/o móvil de hasta 95 por ciento de la población, y que 70 por ciento de ésta sea usuaria de Internet.
De esta forma, continúa, la reforma tendrá un impacto positivo en la calidad de vida de las familias y se convertirá en un potente motor de la competitividad y el desarrollo económico.
Todo esto se dará en gran medida a través de una mayor competencia en el mercado, pero igualmente prioritaria es la capacidad de atracción de inversiones para el desarrollo de infraestructura, señala.
El dirigente empresarial refiere que el mundo y México están transitando a redes de telecomunicaciones de nueva generación, las cuales pueden ofrecer todos los servicios, en el marco de la banda ancha en protocolo Internet.
Para detonar este potencial, señala, la legislación debe perseguir objetivos puntuales como generar mejores condiciones de competencia en el mercado, promover y coordinar el acceso y compartición a derechos de vía e infraestructura pública y fomentar la inversión, dando certidumbre jurídica a la misma y a todos los operadores.
Entre los puntos cruciales en la discusión de las leyes secundarias está la regulación de las redes mayoristas alámbricas e inalámbricas.
Señala que es fundamental que todas aquellas que opere el Estado, en particular la que maneje Telecomunicaciones de México, operen sólo como "carrier de carriers", prestando sus servicios al mayoreo a los demás concesionarios de redes públicas y comercializadores de servicios, y garantizando el acceso en condiciones no discriminatorias y a precios competitivos.
Sostuvo que a reserva de un análisis exhaustivo, “consideramos que la iniciativa va en ese sentido”.
Dijo que el espectro radioeléctrico que se asigne a los operadores pueda eventual y efectivamente ser utilizado para prestar cualquier servicio de telecomunicaciones que sea tecnológicamente posible, privilegiando las licitaciones relacionadas con la banda ancha.
Refirió que la Unión Internacional de Telecomunicaciones recomienda asignar mil 340 Megahertz para las áreas de baja densidad de servicio y de mil 960 para las de alta densidad. En México, entre todos los operadores móviles, se usan sólo 244.
Consideró necesario que el Ifetel licite al menos 200 Megahertz adicionales para desplegar las nuevas redes de banda ancha móvil y fija.
Propuso definir una estrategia a corto, mediano y largo plazos respecto a la planeación y administración del espectro radioeléctrico con acciones de atribución, clasificación, métodos de asignación, radio-monitoreo, mecanismos de recuperación, así como los lineamientos específicos para evaluar el uso eficiente de este recurso.
La legislación debe dar paso a procesos regulatorios transparentes y consultas públicas obligadas para la emisión de regulación por parte del Ifetel.
También se debe delimitar claramente la facultad de establecer normas de carácter general o políticas públicas en el ámbito de su competencia, con procesos claros, y publicación abierta para poder implementarse.
En la política de desagregación, sugiere establecer condiciones que incentiven a que los operadores dominantes aumenten la cobertura y actualicen tecnológicamente su red, permitiendo, a la vez, el desarrollo de una competencia que pueda ampliar la diversidad de servicios para los usuarios, utilizando redes desagregadas.
Las políticas públicas y regulatorias como la desagregación que implemente el Ifetel, dijo, deben estar sujetas a evaluaciones periódicas de su operación e impacto, para responder en el tiempo si merecen continuar en función de su contribución para alcanzar los objetivos planteados en la reforma, o bien si deben modificarse.
La discusión y formulación de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión deben estar basadas no en presunciones teóricas, sino en datos reales de su operación y efectos, argumenta.
En la medida que así sea y se incentiven la competencia y la inversión, hay mercado y oportunidades para todos los interesados en participar y beneficios para todos los mexicanos, sostuvo el dirigente.