Registran 18 mil quejas contra autoridades fiscales

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La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) informó que este año han sido detectadas diversas problemáticas que afectan a los pagadores de impuestos, entre las que destacan las malas prácticas administrativas en la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Del 1 de septiembre de 2011 a la fecha, la Prodecon  ha prestado más de 100 mil servicios a los pagadores de impuestos del país, lo que representa un aumento de 634 por ciento.

Al comparecer ante diputados de la Comisión de Hacienda como parte de las audiencias para el análisis del Paquete Económico para 2015 presentado por el ejecutivo federal, la titular del organismo, Diana Bernal Ladrón de Guevara, dijo que en el país se han registrado 18 mil quejas contra autoridades fiscales, que representan más de 22 mil millones de pesos.

En ese sentido, subrayó que en septiembre pasado el número de quejas “fue histórico”, pues sólo en sus oficinas centrales la cifra llegó a mil 655, aunado que fueron interpuestas más de siete mil medios de defensa, que en 71 por ciento de los casos resultó favorable para los contribuyentes.

Asimismo, añadió, obstáculos para anexarse al Régimen de Incorporación Fiscal, así como omisiones y errores en constancias de sueldos que los patrones entregan a los contribuyentes asalariados, lo cual impide tener la devolución de sus saldos a favor de ISR, entre otros.

Comentó que la Prodecon suscribió diversos acuerdos conclusivos, presentados respecto de auditorías practicadas tanto por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), como por los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y autoridades estatales coordinadas.

Dichos convenios resultaron muy favorables pues se lograron pagos parciales o diferidos, incluso mediante compensación de saldos a favor o disminución de pérdidas del contribuyente.

Diana Bernal adelantó que trabajan en un reporte de tiempos y movimientos por día y hora de los funcionarios públicos de la Procuraduría, como un ejercicio de transparencia, y que prevén publicar a mediano plazo en la página del organismo.

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