El director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate, dijo que la reducción de 16.2 por ciento en las importaciones de vehículos en el periodo de enero-agosto se debió a las acciones que el gobierno federal, a través del SAT y las aduanas, aplicó para tener un mayor control en la entrada de vehículos al país.
Señaló que después de que en septiembre pasado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) exigió el certificado de origen de las unidades y de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el decreto que regula la importación de vehículos usados al país, el ingreso de unidades “chatarra” irá a la baja.
Refirió que hasta agosto pasado, las importaciones de vehículos usados bajaron 37.5 por ciento comparado con igual mes de 2013, en tanto que de manera mensual entraron al país 39 mil 826 vehículos usados procedentes de Estados Unidos, luego de los 63 mil 764 de igual periodo del año anterior.
Aseguró que el mayor control se debió a la sustitución de funcionarios en las principales aduanas del país y a la restricción de horarios para la importación de unidades.
Rosales Zárate destacó que la declaración de constitucionalidad a la tesis jurisprudencial de la SCJN respecto al requisito de presentar el certificado de origen del auto expedido por el fabricante “es producto del avance jurídico del gobierno federal y la industria para hacer ver al poder judicial la importancia del tema”.
Aunque admitió que la industria pasa por un momento importante, ello “no significa que se resuelva el problema de fondo” porque aún llegan amparos por otras vías “y hay que estar vigilantes de que no sean otorgados”.
El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís Sánchez, indicó a su vez que en el marco de esta cruzada para detener la importación masiva de autos usados procedentes de la Unión Americana, se formó un grupo de trabajo con la industria y el gobierno federal.
Lo que se busca, anotó, es la actuación en la parte judicial y que se reduzca de manera sustancial el número de amparos “bajo la tesis de que el decreto no sea constitucional”.