Con el inicio, este domingo, del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, diputados y senadores se declararon “listos” para discutir y, en su caso, aprobar los temas prioritarios de la agenda legislativa, entre ellos la deuda pública de los estados, cuyo dictamen
quedaría listo ayer para que el próximo martes, día de la primera sesión en San Lázaro, pueda ser aprobado sin mayores trámites.
Tras una breve sesión de Congreso General, a la que asistieron 295 diputadas y diputados y 82 senadoras y senadores, el presidente del Congreso, Silvano Aureoles Conejo, declaró a las 11:30 horas de este domingo, abierto el período ordinario de sesiones, y citó a los legisladores a sesionar a partir de este martes, 3 de febrero, a las 11:00 horas.
Con la dinámica de intenso trabajo, desde el primer día de sesiones será posible la aprobación de dictámenes fundamentales, ya que en este momento es necesario coadyuvar a la estabilidad de las finanzas públicas y del entorno económico, afirmó en este contexto el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones.
Dijo lo anterior respecto a la reforma constitucional en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, la cual fue devuelta por el Senado de la República con modificaciones al dictamen de origen elaborado y aprobado en la Cámara de Diputados.
“Aplicaremos un mecanismo parlamentario que permita su aprobación expedita con apego al reglamento y de acuerdo con el Senado, para atender las modificaciones realizadas”, sostuvo en un comunicado.
Se pretende “cumplir con el propósito de fondo que es velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero y generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo”, aseguró el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Recordó que la reforma plantea la intervención del Congreso de la Unión en el análisis de la situación de los estados que tengan un endeudamiento elevado y requieran la garantía federal para contratar préstamos.
El núcleo del ordenamiento es fijar las facultades del Congreso para que los estados y municipios puedan celebrar préstamos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación de manera responsable y transparente, sobre la base de un registro público único de empréstitos y obligaciones de pago.
También contempla un sistema de alerta en el manejo de la deuda pública, además de sanciones a quien infrinja las disposiciones de esta reforma constitucional, agregó.