Saltillo.-Organizaciones civiles demandaron al Congreso de Coahuila desistirse de la iniciativa de reforma a la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición, que presentó el legislador panista Jesús de León Tello y que contempla mantener los derechos laborales para la persona desaparecida y sus familias, pero sólo cuando se trata de burócratas estatales y municipales.
En una carta abierta que fue entregada al Poder Legislativo establecen que la reforma a los artículos 10, 11, 14 y 16 de la citada ley atiende a un reducido grupo, como es el empresaria en lo que representa un claro intento de eliminar los derechos reconocidos a un sector vulnerado por uno de los de los delitos de lesa humanidad que mas afectan y dañan al estado y al país, como es la desaparición de personas y por ello condenan la iniciativa.
La carta es firmada por organizaciones como Casa del Migrante de Saltillo que a su vez es apoyada por Frontera con Justicia A.C., la Pastoral Social de la Diócesis de Saltillo, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C., el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C., y el Programa de Atención a Migrantes de Universidad Iberoamericana, Torreón.
"La Ley de Declaración de ausencia además de reconocer la condición jurídica de una persona desaparecida, reconoce la protección que requieren las familias afectadas por este delito y vincula la responsabilidad laboral que toda persona empleadora tiene con la gente con que trabaja, adecuándose a cada caso en particular y sin la capacidad de propiciar la quiebra de ninguna empresa o negocio por pequeño que sea, tal como el diputado León Tello ha pretendido justificar", puntualiza el escrito.
Agregan que aceptar la iniciativa es promover un acto ilegal al pretender que sólo las víctimas que trabajaron en una dependencia pública se les fueran garantizados sus derechos, y negarlos al resto de quienes han padecido de ese delito y sus familias.
Recuerdan que la ley que entró en vigor el año pasado es resultado de un ejercicio de política pública, en el que participaron representantes del gobierno de Coahuila, la sociedad civil, las víctimas, representantes de la Oficina en México de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y personas expertas que lograron atender las demandas y responder en el marco de derecho local e internacional que garantizan el soporte constitucional que De León Tello intenta deslegitimar.
Las organizaciones pidieron a los legisladores, además de rechazar la iniciativa de reforma, respetar los derechos conquistados por las víctimas de desaparición, dialogar con las víctimas, desarrollar foros de análisis y acompañar desde el congreso, la implementación de la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición.
También piden establecer un diálogo con la Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y con el Grupo Autónomo de Trabajo de Desaparición en el Estado de Coahuila.