La frontera de Chiapas es señalada por activistas defensores de derechos de indocumentados como un foco rojo en materia de trata de personas.
De hecho, un estudio de la organización internacional Ecpat, destaca que más
de 21 mil centroamericanas, en su mayoría menores de edad, son prostituidas en mil 552 bares y burdeles de Tapachula y otros municipios fronterizos.
Según el reporte de esa Red Internacional de Organizaciones contra la Explotación Sexual Comercial Infantil, al menos el 50 % de esas niñas son guatemaltecas y el resto salvadoreñas, hondureñas y nicaragüenses, de entre ocho y 14 años de edad en promedio y fueron vendidas por los tratantes en 200 dólares cada una.
"Es innegable que en Chiapas el delito de trata de personas, en todas sus expresiones, que van principalmente desde lo sexual hasta lo laboral, es más que la latente y es una realidad inocultable", sostiene Olga Sánchez Martínez, premio nacional en materia de derechos humanos y responsable de la casa del migrante Jesús El Buen Pastor.
Ecpat destaca que desde Tapachula, lugar en el que se realiza la mayor venta de mujeres y niños con fines de trata, muchas de ellas son redistribuidas a Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y el Distrito Federal.
El reporte de la organización acusa que el problema de la trata de personas es tolerado por los funcionarios.
"La prostitución en ciudades como Tapachula se da de manera abierta y los tratantes se mueven al amparo de la corrupción de autoridades locales y federales, en zonas perfectamente identificadas, como Las Huacas, a cambio de sobornos o de su participación directa en este negocio, resalta.
Con las afirmaciones de Ecpat coincide Fermina Rodríguez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.
"La trata de personas, particularmente migrantes, es un problema grave en Chiapas, donde están coludidos funcionarios municipales, agentes del Instituto Nacional de Migración, de las Aduanas, policías estatales y municipales y hasta personas vinculadas con el crimen organizado, como los Zetas, por ejemplo", detalla.
Para Sánchez Martínez, la frontera sur de México se está volviendo cada vez más peligrosa.
"Se trata de una frontera muy descuidada y ello se debe en buena medida a la corrupción que hay entre agentes migratorios y aduanales, así como de policías federales, estatales y municipales. De hecho, quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, hemos sido víctimas de amenazas, asegura.
La activista resalta que, al igual que en otros estados del país en los que miles de personas, en su mayoría mujeres, son víctimas de trata, este flagelo es muy difícil de ser atacado legalmente.
"En Chiapas se han hecho esfuerzos, sobre en los últimos años con el Gobierno de Juan Sabines, quien creó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, pero las bandas que se dedican a esta actividad siguen operando", sostiene.
En este sentido, señala que su grupo ha documentado en los últimos meses al menos dos casos de trata.
"Puedo decir del caso de una niña de diez años que la trajeron de Honduras y la vendieron aquí en cinco mil pesos; también de otra bebé niña que fue robada en El Salvador y la vendieron en Unión Juárez por una cantidad similar más. Nosotros pusimos la denuncia y ahora compete a las autoridades investigar y castigar a los responsables", comenta.
La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que obtuvo de un juez federal una sentencia de nueve años de prisión en contra de un tratante de personas.
La sentencia, considerada histórica la primera que ocurre en México ante este tipo de ilícito, fue aplicada a Calixto Celestino Plata, responsable del delito de trata de personas, de acuerdo con lo asentado en la causa penal 15/2009.
La organización internacional Ecpat reveló cifras de explotación de centroamericanas en Chiapas: 21,000 centroamericanas son explotadas sexualmente en Chiapas 200 a 300 dólares venden a las centroamericanas. 1,552 bares y burdeles en Tapachula son los sitios donde las prostituyen.