Monterrey.-El Congreso de Nuevo León aprobó reformas a la Constitución local para constituir el primer Sistema Estatal Anticorrupción, que tendrá el objetivo de prevenir y sancionar la corrupción en el servicio público.
Durante la sesión, el diputado local Héctor García García, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó al Pleno el dictamen de las Comisiones Unidas de Legislación y Puntos Constitucionales y de Anticorrupción, que tuvo el respaldo unánime de 39 legisladores.
“El presente dictamen anticorrupción constituye el basamento que posibilite los cambios indispensables para la construcción de un régimen integral y coherente de rendición de cuentas y combate a la corrupción en nuestro estado”, dijo el también presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
Señaló que “es un sistema que abona a la transparencia y pone obligaciones no sólo a los servidores públicos, también a los particulares ya que esta reforma constitucional va a establecer las bases para sancionar a los particulares que también están inmersos en actos de corrupción”.
Afirmó que Nuevo León es el primer estado de la República que está dando un paso en crear un Sistema Estatal Anticorrupción.
“En consonancia con el decretado en el orden federal, reconoce que el diseño legislativo de combate a la corrupción debe ser el idóneo para alcanzar mayores estándares de buen gobierno”, dijo.
También, agregó, “se asume que los esfuerzos ejecutivos deben tener una doble vertiente, pues además de orientarse hacia la prevención de los actos de corrupción se deben centrar en la sanción de los mismos, bajo un esquema garantista y efectivo en su aplicación”, explicó García García.
“A partir de la vigencia de las reformas constitucionales contenidas en el presente dictamen, se iniciará un trabajo por demás exhaustivo para materializar en la normatividad legal y en la práctica el Sistema Estatal Anticorrupción al que se da jerarquía constitucional”, expuso.
Puntualizó que los temas que deberán ser abordados en el corto y mediano plazo, a partir de la reforma constitucional son, el rediseño institucional, el desarrollo de mejores herramientas de control y la efectividad de los mecanismos de rendición de cuentas.
Todo ello con reconducción en el trabajo de las instituciones públicas hacia la eficiencia, la honestidad y la transparencia, mencionó.