La senadora Silvia Garza Galván señaló que a más de cinco años de los terribles acontecimientos del 18 de marzo de 2011 en los que hubo muertos, secuestrados en la comunidad de Allende en Coahuila aún no se investigan los hechos y por ende no se ha alcanzado la justicia.
En entrevista con El Punto Crítico señaló que ha solicitado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que la Procuraduría General de la República atraiga las investigaciones de los hechos delictivos de hace cinco años.
“Ha pasado mucho tiempo y hasta la fecha no ha habido una respuesta, oficial, concreta y que convenza a los familiares de las víctimas, por ello un ciudadano Armando Guadiana Tijerina denunció al gobierno de Coahuila ante la Corte Penal Internacional de la Haya, por delitos de lesa humanidad; por ello que le exigimos al presidente de la República atender la denuncia del señor Guadiana Tijerina,” señaló la senadora Garza Galván.
Por testimonios, se sabe que la tarde-noche de aquel 18 de marzo del 2011, un grupo no determinado de personas armadas arribó a diversos domicilios de los municipios de Allende y Piedras Negras, en la región norte de Coahuila; el objetivo era ubicar y privar de la libertad a una persona que realizaba operaciones financieras con recursos cuya procedencia se atribuía a un grupo de la delincuencia organizada y con quien los miembros de éste habían tenido un desacuerdo.
Se sabe que los hombres armados vandalizaron y dañaron las viviendas que habitaban los secuestradores (hay muchos testimonios de esto), las personas fueron privadas de la vida y sus cuerpos calcinados para eliminar las evidencias.
Garza Galván comentó en exclusiva para este medio: “durante las acciones se desaparecieron más de 300 personas que nada tenían que ver con el crimen organizado, se violaron derechos humanos, hubo homicidio, tortura, secuestro, desaparición forzada".
Agregó que diferentes medios evidenciaron que el penal de Piedra Negras, Coahuila, sirvió como centro de tortura de las víctimas de Allende.
“Esto no es una cuestión política, independientemente de quien gobernara Coahuila en el 2011, aquí no se ha dado respuesta a un caso tan grave, necesitamos que la PGR atraiga el caso y que se de respuesta” exigió Garza Galván.
“Armando Guadiana Tijerina tuvo que ir a denunciar estos hechos ante la Corte Penal Internacional de la Haya, ¿Qué en México no tenemos autoridades confiables, que puedan investigar? ¿Cuánto más tenemos que esperar para saber a verdad? Con estas acciones qué mensaje se le da a la población; La gente en Allende tiene miedo, a pesar del tiempo, temen hacer una petición, hablar del tema”, lamentó la senadora coahuilense.
“Con la petición que se hizo a la Comisión Permanente esperamos que todos los grupos parlamentarios se unan, esperamos el apoyo de todos los diputados y senadores, de todos los partidos políticos; para que se apoye a la verdad y la justicia”, reiteró.
Armando Guadiana Tijerina denuncia los hechos.
En el documento entregado ante el fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad. Guadiana expone “la falta de acciones por parte del gobierno coahuilense para evitar los daños ocasionados a la población del municipio de Allende, Coahuila”.
Ahí se señala “las detenciones ilegales, desaparición forzada, tortura y homicidios cometidos a plena luz del día, así como destrucción de bienes inmuebles; esto aunado a que parte de las víctimas, según lo han reconocido las autoridades, fueron ingresadas ilegalmente al penal de Piedras Negras, donde fueron torturados y asesinados.
Explica también que “la masacre de Allende perdieron la vida mujeres, ancianos y jóvenes, y no se ha dicho cuántos niños murieron en este hecho tan lamentable, que marcó la vida de los coahuilenses. No se puede dejar pasar por alto que las autoridades se quieran lavar las manos diciendo que fue el crimen organizado quien actuó solo en perjuicio de las víctimas”.
Añade: “Es relevante destacar que en el penal de Piedras Negras, donde coahuilenses fueron privados ilegalmente de su libertad, torturados y asesinados, es de control y operación estatal; es imposible pensar que un civil sin autorización judicial fuera ingresado a dicho centro penitenciario”.